Un proyecto de ley busca reducir las barreras económicas durante los procesos de adopción. Conocé los detalles.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone que el Estado provincial cubra los gastos de transporte y hospedaje de las familias que atraviesan un proceso de adopción. La iniciativa busca eliminar las barreras económicas que pueden dificultar los encuentros entre los futuros adoptantes y los niños, niñas y adolescentes que esperan integrarse a una familia.
La propuesta fue impulsada por el legislador provincial Juan Martin (PRO) y contempla un régimen de asistencia económica para quienes hayan sido seleccionados por un juzgado de familia. El beneficio alcanzaría tanto a vinculaciones dentro de Río Negro como a aquellas que requieran viajar hacia otras provincias.
El objetivo es que los costos de traslado, alojamiento y movilidad no se conviertan en un impedimento para avanzar con una adopción. La cobertura comenzaría durante las instancias posteriores a la selección judicial y se extendería hasta el otorgamiento de la guarda con fines adoptivos.
La iniciativa, según consta en el proyecto, surge en un contexto marcado por la fuerte disminución de familias inscriptas en el registro de adopción de Río Negro. Según los datos citados por el legislador, la cantidad de postulantes se redujo considerablemente durante la última década.
El proyecto establece que el Gobierno de Río Negro deberá garantizar la cobertura de los gastos necesarios para concretar los encuentros y las distintas instancias judiciales vinculadas con el proceso adoptivo, siempre dentro de los límites establecidos por la futura reglamentación.
Entre los conceptos contemplados aparecen los pasajes terrestres o aéreos, el alojamiento y los traslados internos que resulten necesarios. La asistencia también podría utilizarse para asistir a entrevistas, audiencias y otras actividades requeridas por las autoridades judiciales.
Uno de los aspectos centrales es que las familias no necesariamente deberían disponer del dinero antes de realizar los viajes. El mecanismo permitiría que el Estado entregue directamente los pasajes y el hospedaje, o implemente sistemas de anticipos y reintegros.
De esta manera, se busca evitar que las dificultades económicas de los postulantes condicionen la continuidad de una vinculación previamente autorizada. La reglamentación determinaría los montos máximos y las condiciones para acceder a la cobertura prevista.
Para establecer esos límites económicos, el proyecto propone tomar como referencia el Reglamento de Comisiones Oficiales de Río Negro. Este instrumento podría utilizarse como parámetro para determinar los valores reconocidos por transporte, estadía y otros desplazamientos.
La propuesta contempla tres situaciones diferentes, con el objetivo de incluir tanto a residentes rionegrinos como a postulantes de otras provincias que hayan sido seleccionados para iniciar una vinculación adoptiva.
En primer lugar, podrían acceder las familias inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) de Río Negro que resulten seleccionadas para adoptar a un niño, niña o adolescente residente en otra localidad provincial.
También estarían comprendidas las familias pertenecientes a otras jurisdicciones de la Red Federal de Registros de Adopción que sean seleccionadas para iniciar una vinculación con un niño o adolescente que resida en territorio rionegrino.
Finalmente, la cobertura alcanzaría a las familias de Río Negro seleccionadas para adoptar en otras provincias. En esos casos, el beneficio permitiría afrontar los desplazamientos interprovinciales necesarios para cumplir con las etapas establecidas por la Justicia.
Uno de los principales argumentos utilizados por Juan Martin para fundamentar el proyecto es la disminución de personas interesadas en adoptar. Según información difundida por autoridades del RUAGFA, en 2015 había entre 240 y 250 familias inscriptas.
Sin embargo, esa cantidad se redujo hasta alcanzar aproximadamente 45 familias registradas en 2026. La diferencia refleja una caída significativa en el número de postulantes disponibles para iniciar procesos de vinculación con niños, niñas y adolescentes.
El legislador también incorporó información de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). De acuerdo con los datos mencionados en la presentación, 78 de los 109 niños alojados en dispositivos institucionales cuentan con sentencia de adoptabilidad.
Estas cifras forman parte de los fundamentos de la iniciativa, que identifica las distancias geográficas y los gastos asociados a los encuentros como posibles dificultades adicionales para las familias interesadas en avanzar con una adopción.
Martin sostuvo que estas erogaciones pueden representar un “obstáculo material” para concretar las vinculaciones. Por ese motivo, considera necesario incorporar una herramienta estatal que permita reducir las dificultades económicas durante las distintas etapas del procedimiento.
El texto establece que la autoridad de aplicación será el organismo que determine el Poder Ejecutivo provincial. Esa dependencia deberá coordinar las acciones necesarias con el Poder Judicial, el RUAGFA y la SENAF.
Además, la propuesta contempla la elaboración de un informe anual sobre la implementación del régimen, la incorporación de una partida presupuestaria específica y la reglamentación de la ley dentro de los 90 días previstos.