Alberto Weretilneck promulgó la ley que obliga a pagar por el uso del agua para generar energía, un reclamo histórico de la provincia.
El gobierno de Río Negro dio un paso clave en la defensa de sus recursos naturales. El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que establece el cobro de un canon por el uso del agua destinada a la generación hidroeléctrica.
Se trata de una medida considerada histórica, ya que formaliza el derecho de la provincia a recibir una compensación económica por el aprovechamiento de sus recursos hídricos en las centrales del Comahue.
Durante décadas, los ríos rionegrinos fueron fundamentales para abastecer de energía eléctrica a gran parte del país.
Sin embargo, desde el gobierno provincial remarcaron que ese aporte estratégico se sostuvo durante años sin que la provincia recibiera una compensación económica proporcional por el uso de un recurso natural clave para el sistema energético nacional.
Ese escenario comenzó a cambiar en medio de las negociaciones que Río Negro llevó adelante junto a Neuquén con el Gobierno Nacional en el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas.
La ley aprobada en la Legislatura y ahora promulgada establece que Río Negro recibirá un canon equivalente al 1% del valor de la energía comercializada por las empresas concesionarias.
Ese porcentaje forma parte de un esquema global del 2%, que será repartido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el nuevo marco legal consolida un avance largamente reclamado por la provincia.
Tras la promulgación, el gobernador destacó la importancia política e institucional de la medida.
“Esta ley le da marco legal definitivo a un logro histórico. No se trata solamente de recursos económicos: es defender nuestros derechos, hacer cumplir nuestra Constitución y ejercer un federalismo real”, afirmó Alberto Weretilneck.
Desde el gobierno provincial señalaron que esta nueva legislación forma parte de una estrategia para defender los recursos rionegrinos y garantizar que la provincia reciba lo que le corresponde por la explotación de sus bienes estratégicos.
La expectativa oficial es que esos ingresos puedan traducirse en infraestructura, desarrollo y nuevas oportunidades económicas para las próximas décadas, marcando un cambio de fondo en la relación entre la provincia y uno de sus recursos más valiosos: el agua.