Impulsan en la Legislatura la aprobación en segunda vuelta de la ley que declara esencial la educación y fija guardias para sostener clases ante paros en Río Negro.
El proyecto para declarar a la educación como un servicio estratégico esencial en Río Negro volvió a escena legislativa con renovada presión para su tratamiento definitivo. La iniciativa, que ya había superado una primera instancia de aprobación, apunta a garantizar la continuidad del ciclo lectivo incluso en contextos de conflicto gremial.
La propuesta establece que el Estado provincial deberá asegurar el dictado de clases durante todo el calendario escolar, incluyendo jornadas afectadas por medidas de fuerza como paros docentes o no docentes. Para ello, incorpora la creación de un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias, un esquema que busca equilibrar el derecho a huelga con el acceso a la educación.
El debate no es nuevo en la provincia, pero en este caso se reactivó tras un prolongado freno en el proceso parlamentario. La iniciativa había sido aprobada en primera vuelta en septiembre de 2024, luego de un debate que fue calificado como “fructífero” en el recinto. Sin embargo, tras su paso a instancia de consulta, el expediente no avanzó hacia su sanción definitiva.
Desde entonces, el proyecto permanece sin tratamiento en segunda vuelta, una situación que generó cuestionamientos dentro del ámbito legislativo. La falta de explicaciones sobre su demora fue uno de los principales argumentos para insistir con su reingreso y exigir que se retome la discusión.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la implementación de guardias mínimas en las escuelas durante medidas de fuerza. El objetivo es asegurar la apertura de los establecimientos y la prestación de servicios básicos, como la alimentación escolar, incluso cuando haya paro.
El esquema previsto establece diferentes niveles de asistencia obligatoria según la duración de la medida de fuerza. En casos de paros de uno o dos días, al menos el 30% del personal, entre directivos, docentes y no docentes, deberá concurrir a sus puestos de trabajo.
Si la medida se extiende por tres días o más, el porcentaje de asistencia se eleva al 50%, con el propósito de sostener la normalidad de las actividades pedagógicas. En ambos escenarios, los trabajadores designados para cumplir funciones que no se presenten serán considerados en falta injustificada.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores Juan Martín, Ofelia Stupenengo, María Laura Frei, Martina Lacour y Juan Murillo Ongaro (PRO-Unión Republicana) advirtieron que la interrupción del inicio del ciclo lectivo se ha convertido en una situación recurrente. La suspensión de clases por conflictos salariales o laborales es señalada como una práctica que se repite año tras año y que impacta directamente en estudiantes y familias.
Desde esa perspectiva, se sostiene que la falta de continuidad educativa vulnera derechos básicos, especialmente en sectores más vulnerables. La presencialidad en las aulas es considerada un elemento clave, no solo para el aprendizaje, sino también para la contención social.
En ese sentido, el proyecto plantea que la educación es un componente esencial para garantizar condiciones de igualdad y evitar el aumento de la desigualdad. La interrupción prolongada de clases, advierten, profundiza brechas y limita oportunidades.
Otro de los argumentos que impulsa la reactivación del debate es la reciente sanción de la Ley N.º 27.802 por parte del Congreso de la Nación. Esta normativa establece parámetros para los conflictos colectivos de trabajo y reconoce a la educación obligatoria como una actividad esencial sujeta a la prestación de servicios mínimos.
La legislación nacional refuerza la idea de que, aun en contextos de conflicto, deben garantizarse ciertos niveles de funcionamiento en áreas consideradas críticas. En ese marco, la adecuación de la normativa provincial aparece como un paso necesario para alinear criterios.
Por lo pronto, el proyecto volvió a ingresar en la agenda legislativa con la intención de destrabar un expediente que lleva meses sin avances. El desafío ahora será lograr los consensos necesarios para su tratamiento en segunda vuelta y definir si Río Negro avanza hacia un esquema que obligue a mantener las escuelas abiertas aun en medio de conflictos sindicales.