{# #} {# #}
El diputado José Luis Berros presentó el proyecto en la legislatura de Río Negro tras considerar que "la Justicia está muy desprestigiada y tiene actitud cómplice" con el poder Ejecutivo.
En la Legislatura de Río Negro ingresó un proyecto de ley que propone modificar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de establecer una inhabilidad específica para que quienes hayan ejercido funciones políticas en el Estado provincial no puedan acceder a cargos jerárquicos judiciales hasta pasados cinco años desde el cese de su función. La iniciativa apunta a cerrar la brecha que, según su impulsor, permite una relación “de ida y vuelta” entre el poder político y el judicial, debilitando la confianza ciudadana.
Actualmente, el artículo 13 de la norma provincial solo remite a las incompatibilidades previstas en la Constitución rionegrina. El nuevo texto sumaría una prohibición concreta: impedir la designación como jueces o funcionarios judiciales a exministros, legisladores, secretarios y otros funcionarios políticos durante un lustro posterior a su gestión.
La modificación busca garantizar un “período de enfriamiento” que permita disipar vínculos, influencias o compromisos derivados de la actividad política reciente, preservando así la imparcialidad de magistrados y funcionarios. Según el proyecto, la medida fortalecería la independencia judicial, principio esencial del sistema republicano.
“El período propuesto de cinco años es prudente y razonable para evitar conflictos de intereses y garantizar la separación entre la función política y la judicial”, señala el texto.
La propuesta se apoya en relevamientos que muestran la cercanía entre el poder político y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Según un informe periodístico citado en el proyecto, el 40% de sus integrantes tiene antecedentes políticos vinculados al partido gobernante o a dirigentes de la provincia.
Entre ellos se menciona a Ricardo Apcarian, exapoderado del Frente Grande y exasesor legal de la Municipalidad de Cipolletti, y a Sergio Ceci, quien fue secretario Legal y Técnico, fiscal de Estado y ocupó cargos legislativos para la UCR y Juntos Somos Río Negro.
El diputado impulsor sostiene que estas designaciones recientes pueden afectar la percepción de imparcialidad y que el período de restricción propuesto evitaría que un día un funcionario esté “de un lado del mostrador” y al siguiente, del otro.
En diálogo con LM Cipolletti, el legislador José Luis Berros, autor del proyecto dijo: “Proponemos que aquellos que se postulen a un cargo en la Justicia, si fueron funcionarios políticos, deban dejar un periodo de cinco años desde que cesaron en el cargo. Buscamos evitar esa relación de ida y vuelta, casi sin límites, donde un día están de un lado u otro del mostrador, según las necesidades del poder”.
El diputado apuntó directamente a lo que considera una connivencia estructural: “La Justicia está muy desprestigiada y además tiene una actitud cómplice. Esto es obvio: hay connivencia entre un poder y otro. Con esta propuesta intentamos limitar que el gobernador siga entrometiéndose y manejando a control remoto a jueces y fiscales”.
El proyecto también se enmarca en una problemática extendida. Un informe elaborado por la red Ruido y CONNECTAS sobre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reveló que el 64% de quienes integran las Cortes Supremas provinciales tuvieron vínculos con gobiernos locales antes de ser designados. Esto incluye cargos ejecutivos o legislativos, funciones partidarias o trabajos con funcionarios de una gestión política.
En 76 casos, más de la mitad, los jueces fueron designados por gobiernos del mismo signo político con el que habían tenido relación previa. En Río Negro, la composición actual del Superior Tribunal incluye a María Cecilia Criado, Sergio Mario Barotto, Liliana Laura Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Gustavo Ceci, siendo los dos últimos los que presentan antecedentes de vinculación directa con la política.
La iniciativa deberá atravesar el debate legislativo, donde podría recibir apoyo de sectores que reclaman mayor independencia judicial, aunque no se descarta resistencia desde ámbitos políticos y judiciales que consideran que la experiencia previa en gestión pública no necesariamente compromete la imparcialidad.
Para su autor, el debate no es técnico sino ético: “Es un principio básico para preservar la integridad institucional. Si no ponemos freno a la captura política de la Justicia, seguimos alimentando la desconfianza social en el sistema”, concluyó.