La hija de una mujer que falleció en una clínica donde ella trabajaba rompió el silencio. Hay una investigación judicial con dos médicos imputados.
Tardó casi un año en romper el silencio. Lo hizo desde la necesidad urgente de reconstruir lo que según sostiene fue una cadena de decisiones, omisiones y destratos que derivaron en un supuesto caso de mala praxis en una institución de salud privada de Choele Choel.
El testimonio de Cecilia Valdez Berón es crudo y detallado, no sólo expone el dolor de una hija. También se convirtió en una pieza clave dentro de una investigación judicial que ya tiene a dos médicos imputados por presunta mala praxis.
“Hoy me toca decir basta. No puedo callarme”, escribió Cecilia en una publicación que rápidamente se viralizó. Pero detrás de esas palabras hay una historia que comenzó días antes del fallecimiento de su madre, y que hoy busca respuestas en la Justicia.
Todo comenzó días antes del 25 de agosto del 2025. La mujer, de 86 años, ya venía manifestando malestares: dolor abdominal, sensación de ahogo, arcadas sin vómitos. El martes previo había concurrido a una consulta médica.
Según relata Cecilia, en ese momento no se habrían solicitado estudios clave para descartar un cuadro cardíaco. “Yo esperaba un electro, controles básicos… pero no se hizo nada de eso”, denuncia. En cambio, se indicaron análisis generales y recomendaciones alimentarias. Con el paso de los días, los síntomas no sólo persistieron: se intensificaron.
El domingo 24 de agosto, cerca de las 15, decidieron acudir a la guardia. Allí comenzó, según la denuncia, una serie de situaciones que hoy son materia de investigación.
La primera escena fue tan inesperada como alarmante: la paciente fue sentada en una silla que se rompió, provocando su caída al suelo. “Tenía 86 años, podría haberse fracturado. Nadie evaluó eso en ese momento”, recuerda Cecilia en declaraciones a 7 en Punto.
Los signos vitales ya encendían alarmas: presión alta y una saturación de oxígeno de 80 (cuando lo normal supera el 95). Sin embargo, según el testimonio, la evaluación médica habría sido superficial.
“No le escucharon el corazón, no la revisaron como correspondía”, asegura. Pese a esos indicadores, la paciente fue internada en una sala común, sin monitoreo continuo ni estudios urgentes.
Con el correr de las horas, la situación no mejoró. La mujer continuaba con baja saturación, cansancio extremo y signos que, con el tiempo, serían interpretados como compatibles con un evento cardíaco. Pero, según la denuncia, no se realizaron estudios fundamentales.
“No se hizo un electrocardiograma. Había una orden de no hacerlo para ahorrar papel”, afirma Cecilia, señalando una decisión institucional que -de comprobarse- podría tener un peso determinante en la causa. Tampoco se habrían solicitado enzimas cardíacas ni interconsultas en tiempo oportuno.
“Pedía por favor que llamaran a especialistas. No lo hacían. Decían que no era necesario o que tenían conflictos entre ellos”, relata. Incluso, asegura que el oxígeno fue retirado en un momento pese a que su madre seguía con dificultades respiratorias. Recién el lunes 25, cerca de las 14, se solicitaron interconsultas con especialistas. Pero para Cecilia, ya era tarde.
Minutos después, ocurrió lo peor. “Mi mamá estaba sentada mirando televisión. De repente se puso gris. Nadie reaccionaba. Corrí por toda la clínica pidiendo ayuda”, cuenta.
La reanimación comenzó recién tras varios minutos. “La reanimaron durante mucho tiempo, pero ya era tarde”, dice. Su madre murió ese mismo día. Su dolor continúa. Y le cuenta su drama a la sociedad.
El caso tiene un componente aún más complejo: Cecilia no era sólo familiar de la paciente. También trabajaba en la institución desde hacía más de 20 años y ocupaba un cargo jerárquico.
Tras la muerte, decidió realizar la denuncia penal. “Necesitaba justicia por mi mamá y por cualquier paciente que pudiera pasar por lo mismo”, afirma.
Pero asegura que esa decisión tuvo consecuencias inmediatas en su ámbito laboral. “Pasé de ser empleada a ser la enemiga. Me insinuaban que me fuera, que mi mamá ya era grande, que era algo que podía pasar”, relata.
Con el tiempo, según denuncia, fue desplazada de sus funciones, le quitaron accesos laborales y finalmente dejó de trabajar en la clínica. Actualmente, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.
La investigación avanzó y, recientemente, la Justicia imputó a dos médicos por su presunta responsabilidad en la muerte.
Según se desprende de la causa, se analizan posibles negligencias en la atención, demoras en la realización de estudios, falta de controles adecuados y ausencia de interconsultas oportunas. También se evalúa si las decisiones adoptadas se ajustaron a los protocolos médicos correspondientes.
Cecilia asegura haber aportado pruebas clave: audios, capturas de pantalla, estudios médicos y testimonios. “Me decían que estas causas no llegan a nada, que no se imputa a nadie. Pero yo tenía que hacerlo igual”, sostiene.
Más allá del proceso judicial, el caso abrió un debate profundo en la comunidad. “La salud no puede ser cuestión de suerte. No puede depender de quién esté de guardia”, plantea Cecilia.
Su testimonio no sólo apunta a responsabilidades individuales, sino también a posibles fallas estructurales dentro del sistema de salud privado. “Estamos hablando de un servicio que se paga. Tiene que estar garantizado”, remarca.
Entre datos, denuncias y reconstrucciones, hay una frase que atraviesa toda la historia: “Perdóname mamá por llevarte ahí”. Es el cierre de su publicación. Una mezcla de dolor, culpa y amor que sintetiza lo que ninguna causa judicial podrá reparar.
Mientras la investigación avanza, la familia espera respuestas.