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Una comunidad mapuche pidió plazo hasta el lunes para dejar el predio. La Justicia ratificó que si no se van, serán desalojados.
El desalojo de un predio usurpado por mapuches que se iba a ejecutar este viernes pasó para el lunes debido a un pedido de tregua que efectuaron integrantes de la comunidad para poder “organizarse” y retirar sus pertenencias de un campo en la cordillera de Río Negro.
Hasta este viernes, los integrantes de la lof Coronado Inalef tenían tiempo para retirarse voluntariamente, caso contrario la Justicia había autorizado un desalojo forzoso.
Poco después del mediodía el fiscal Francisco Arrien se apersonó en el territorio ubicado en el paraje Mallín Ahogado, entre El Bolsón y Bariloche, para llevar a cabo un procedimiento de constatación y dialogar con las familias que se instalaron en el lugar.
Allí hubo fuertes cruces verbales entre el funcionario del Ministerio Público y los integrantes de la lof, aunque definieron que la medida judicial se ejecutará el próximo lunes.
El caso comenzó en abril de 2023 cuando el grupo, argumentando una supuesta reivindicación territorial, ingresaron al espacio luego de dañar el cerco perimetral. Al día siguiente una de las propietarias del lote se presentó en su propiedad y fue brutalmente agredida por mapuches quienes la tomaron de los pelos y le cruzaron una soga en el cuello, amenazando con ahorcarla.
La usurpación de tierra por parte de comunidades mapuches se volvió moneda corriente entre El Bolsón y Bariloche y motivó fuertes cruces entre residentes y autoridades nacionales, acusadas de asistir a los usurpadores.
La causa judicial por la usurpación y el violento ataque comenzó un extenso proceso judicial, tras el cual se ordenó el desalojo definitivo. Para esto, los imputados agotaron las instancias de apelación y todos los recursos que intentaron para revertir el fallo fueron infructíferos.
El juez Juan Pablo Laurence evaluó los elementos probatorios que elevó el fiscal Arrien y consideró que las tierras debían ser restituidas a sus dueños, en tanto que el juez de Juicio Martín Arroyo confirmó la decisión.
Durante el proceso, Laurence intentó soluciones alternativas al conflicto, convocando a las partes a distintos encuentros, aunque los integrantes mapuches decidieron no asistir.
En sus argumentos, esgrimen que sus ancestros habitaron ese espacio hace 100 años atrás, aunque su testimonio nunca fue documentado. “No hay elementos para contrarrestar la posición de los denunciantes quienes sí exhibieron documental técnico que demuestra la titularidad de las tierras desde 1975” aseguró el magistrado.
“Como lof nos encontramos en un estado de alerta a partir de toda la violencia sufrida desde que comenzamos a tener audiencias donde se nos trataba de usurpadores y como si fuera poco se nos trató de que sólo estamos haciendo aspamento por 7 miserables hectáreas”, dijo la lof a través de un comunicado de prensa.
Además, convocaron a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, comunidades y a otros sectores a acompañarlos durante el fin de semana ya que “el desalojo es inminente”.
La Justicia ratificó que el lunes, si los usurpadores no se retiran en forma voluntaria del predio, se llevará a cabo un desalojo por la fuerza por parte de la Policía.