Publicaron el decreto que actualiza las tarifas del agua en Río Negro y redefine el esquema con el que ARSA calculará las facturas. ¿Qué pasa con el aumento que se había establecido?
El gobierno de Río Negro aprobó una actualización tarifaria para el servicio público de agua potable y desagües cloacales que presta Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) en toda la provincia y, al mismo tiempo, ratificó una nueva referencia para el esquema con el que se determinarán los montos a pagar por parte de usuarios residenciales, comerciales e industriales.
La medida quedó formalizada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del 5 de marzo de 2026, en el marco del expediente iniciado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) para llevar adelante una Revisión Extraordinaria de Tarifas. Según se detalla en los fundamentos del acto administrativo, la actualización fue impulsada a pedido de la concesionaria con el argumento de recomponer la ecuación económico-financiera del contrato frente al fuerte aumento de los costos laborales y operativos acumulados desde 2018.
De acuerdo con la documentación analizada por el DPA, la empresa planteó una variación ponderada de costos para el período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2025. En ese lapso, algunos conceptos que no habían tenido actualización desde la última revisión ordinaria exhibieron una suba del 8.725,32%, mientras que otros rubros que sí habían tenido redeterminaciones posteriores registraron un incremento del 48,98%.
Sobre esa base, el organismo provincial concluyó que estaba debidamente justificada la revisión extraordinaria y habilitó formalmente el procedimiento mediante la Resolución 06/26. El decreto finalmente aprobado sostiene que la concesión del servicio de agua potable y cloacas “requiere elevar su nivel de ingresos” para restablecer el equilibrio económico y garantizar la sustentabilidad operativa del sistema.
La decisión oficial aprueba un nuevo régimen tarifario que reemplaza al esquema que había sido establecido por el Decreto 1170/18. Es decir, no se trata solo de una suba en los valores, sino también de la entrada en vigencia de un nuevo anexo tarifario que redefine los parámetros de facturación para ARSA.
En las consideraciones del decreto se precisa que el incremento necesario para alcanzar la llamada “tarifa de equilibrio” se fijó en un 8.718,01% sobre los valores del decreto de 2018. A la vez, para los ítems que ya habían sido alcanzados por la redeterminación de costos prevista en la Ley 5292, el aumento resultante fue del 48,85%.
El Gobierno aclaró, sin embargo, que la estructura de costos de la empresa y la relación tarifaria entre usuarios aprobada en 2018 continúan vigentes en términos generales. Lo que cambia, según se remarca, es la actualización de aquellos costos externos a la concesionaria, como insumos químicos, combustibles y otros componentes de operación que impactan de lleno en la prestación del servicio.
Además, el decreto deja establecido que el aumento transitorio del 14% que había sido autorizado previamente por el Decreto 25/2026 por un plazo de 50 días queda absorbido dentro de esta revisión extraordinaria.
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la redefinición del mecanismo de cálculo de la tarifa, tanto para servicios no medidos como para aquellos usuarios que cuentan con micromedición.
En el caso de los inmuebles sin medidor, la factura seguirá respondiendo a un sistema de renta fija, pero con parámetros actualizados. La cuota bimestral se determinará en función de la superficie cubierta total del inmueble más un décimo de la superficie del terreno. A ese resultado se le aplicará una fórmula que combina la Tarifa General, el coeficiente de edificación “E”, el coeficiente zonal “Z” y el coeficiente de modificación “K”.
El nuevo valor del coeficiente K fue fijado en $2.306,8778, un dato clave porque impacta directamente en la determinación final de la tarifa. A eso se suma la actualización de las tarifas generales máximas: para agua potable sola se estableció en $0,0826 por metro cuadrado y para agua potable más desagües cloacales en $0,1487 por metro cuadrado, dentro de la fórmula de cálculo prevista por el régimen.
El coeficiente “E”, por su parte, contempla el tipo y la antigüedad de la construcción, con escalas que van desde viviendas muy económicas hasta inmuebles de lujo. En tanto, el coeficiente “Z” seguirá dependiendo de la zonificación de cada localidad y continuará rigiéndose por el Anexo B del contrato de concesión aprobado en 1998.
El nuevo régimen también fijó valores mínimos bimestrales para usuarios conectados al servicio. Para la categoría “A” General, en el caso de vivienda familiar, la tarifa mínima quedó en $24.026,43 para agua potable y en $43.254,98 para agua potable y cloacas.
En el caso de otros usos y categorías comerciales e industriales, se aplicarán recargos sobre esa base, según la clase de actividad. La normativa distingue entre inmuebles de uso general, comercios, industrias y baldíos, con diferentes niveles de carga tarifaria. Para los baldíos, por ejemplo, se estableció un cargo fijo bimestral de $19.065,42 para agua potable y de $34.329,39 para agua y cloacas.
Para los usuarios con medidor, en tanto, el nuevo régimen fija un cargo fijo equivalente al valor de 30 metros cúbicos de consumo. Para una vivienda familiar, el bloque fijo de 0 a 30 metros cúbicos quedó en $19.076,88, y luego se aplican escalas crecientes por consumo: $878,27 por metro cúbico entre 30 y 60; $1.090,79 entre 60 y 90; $1.276,85 entre 90 y 120; y $1.561,67 por encima de ese rango.
En todos los casos, el servicio de desagües cloacales se facturará por un monto equivalente al 80% de lo facturado por agua potable. Además, la normativa aclara expresamente que los valores establecidos no incluyen IVA.
La actualización aprobada por el Ejecutivo provincial marca uno de los reajustes más significativos de los últimos años en el sistema de agua y cloacas de Río Negro. Desde el punto de vista formal, ARSA pasa a facturar bajo un régimen que no solo actualiza montos, sino que también consolida una metodología de cálculo más detallada, apoyada en superficie, tipo de construcción, localización y consumo, según el caso.
Con este nuevo cuadro, la provincia busca garantizar la continuidad operativa del servicio concesionado, mientras crece la atención de usuarios y entidades de defensa del consumidor sobre el impacto que tendrá la medida en las boletas que comenzarán a llegar en los próximos períodos de facturación.