La mujer acusada de ejercer la profesión de manera ilegal se autodefinió como "médica". La Fiscalía reúne evidencias para avanzar con la formulación de cargos.
La supuesta médica de General Roca que fue detenida luego de que el Ministerio de Salud la denunciara penalmente tras detectar irregularidades en su título profesional, recuperó la libertad pero no podrá salir del país y tendrá que llevar una tobillera de monitoreo GPS.
La medida la resolvió este jueves la jueza de Garantías Natalia González ante un pedido de la fiscal Celeste Benatti e incluyó la inhibición general de sus bienes, además de mantener su domicilio. Todo por el término de seis meses.
El pedido lo fundamentó la fiscal por el riesgo de fuga, dado que dijo posee recursos económicos y pasaporte, por lo que podría escapar al extranjero. Mencionó la cercanía del aeropuerto de Neuquén entre sus argumentos.
González aceptó lo requerido, salvo las dos presentaciones semanales en la Comisaría 67 del barrio Stenefelli, donde la mujer vive con su pareja y su hija, que había planteado la fiscal.
La acusada, identificada como Mariela Fernanda Marzano, se definió como “medica” y dijo ser oriunda de Allen cuando la jueza la consultó por sus datos personales.
También ratificó que había estudiado medicina en la Universidad de Los Andes de Venezuela, pese a la información que la propia universidad dio al ministerio de Salud.
La Fiscal, tras desarrollar los puntos en que trabaja la acusación, sostuvo que aún tienen una “inmensa” cantidad de información que analizar, por lo que una vez consolidada la evidencia procederán a pedir su acusación formal. Destacó en este sentido que llegó una comisión de Viedma para abocarse al tema.
La investigación comenzó cuando la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria advirtió irregularidades en el título de “Médica Cirujana” que la mujer había presentado.
Según se informó, la supuesta acreditación provenía de la Universidad de Los Andes, en Venezuela, pero presentaba inconsistencias en su validación oficial, lo que disparó las sospechas. La casa de Altos Estudios negó a Salud que la mujer haya egresado de su facultad de medicina.
Antes de la denuncia penal, Salud ya había tomado una medida preventiva: en marzo le suspendieron la matrícula provincial mientras avanzaban las verificaciones.
El equipo fiscal señaló que “los hechos objeto de este legajo habrían sido cometidos desde el año 2020 hasta el momento en que se le retiró la matrícula, el pasado 3 de marzo, y se produjo su desvinculación laboral de una clínica privada de General Roca”.
“Durante ese período, la mujer habría iniciado el trámite ante las autoridades competentes para la convalidación de un título —que sería apócrifo— de ‘médica cirujana’, supuestamente expedido por la Universidad de Los Andes de la República Bolivariana de Venezuela. Con ello, habría obtenido la autorización correspondiente y ejercido la medicina de manera ilegal, desempeñándose en terapia intensiva en la Clínica Roca, en consultorios privados de CIROM como médica clínica, en el hospital local y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII”, describió la fiscal del caso.
En función de lo anterior, la fiscalía atribuyó provisoriamente los delitos de ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 inciso 1°), usurpación de títulos (artículo 247), falsificación de documento público (artículo 292 inciso 1°), uso de documento público falso (artículo 296) y defraudación agravada contra la administración pública.
En el marco de esta investigación incipiente, el Ministerio Público Fiscal ha llevado adelante diversas medidas, entre ellas allanamientos en el domicilio de la mujer y en el de un familiar, así como diligencias en centros de salud de General Roca, que se encuentran aportando voluntariamente la documentación requerida.
Asimismo, se detalló el secuestro de diversa documentación —incluyendo títulos, sellos, recetarios—, medicación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad médica, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes por equipos del Ministerio Público y del Poder Judicial.
En relación con el pedido de medidas cautelares, la fiscal invocó el riesgo procesal de fuga. “Durante aproximadamente seis años habría ejercido la medicina de manera ilegal, obteniendo ingresos que evidencian una determinada solvencia económica y patrimonial, lo que podría facilitar una eventual evasión de la justicia. Además, en los allanamientos se secuestraron pasaportes tanto de la imputada como de su grupo familiar”, explicó.
Agregó que “si bien no se trata de una audiencia de juicio, resulta indispensable resguardar el proceso. Existen indicios concretos de solvencia económica; el domicilio donde reside no es alquilado y cuenta con un vehículo —una camioneta Fiat Toro automática— que también fue requisado”.
Las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal fueron: prohibición de salida del país, fijación de domicilio, colocación de dispositivo de monitoreo electrónico para asegurar su permanencia en General Roca, presentaciones dos veces por semana en una comisaría e inhibición general de bienes, en virtud de la investigación de delitos de carácter patrimonial contra instituciones públicas y privadas.
Por su parte, la jueza interviniente señaló que “no se discute la presunción de inocencia de la persona investigada y, aunque aún no se ha formalizado la imputación, el Código Procesal Penal habilita la solicitud de medidas cautelares desde el inicio del proceso”.
En consecuencia, la magistrada resolvió hacer lugar a la mayoría de las medidas solicitadas por la fiscalía, dejando de lado las presentaciones en comisaría. Por el plazo de seis meses a la presunta médica trucha se le colocará una tobillera de control satelital, tiene prohibido salir del país y debe mantener su domicilio actual.
Además se dispuso la inhibición general de bienes, tanto del inmueble como del automotor. "Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad", destacó la magistrada.