Trabajó más de 21 años en un comercio de General Roca. La echaron por “pérdida de confianza”, pero el despido fue declarado injustificado.
El final de una jornada laboral que parecía ser común terminó convirtiéndose en uno de los momentos más duros de su vida.
Una trabajadora con más de 21 años de antigüedad en un comercio de General Roca fue obligada a abrir su riñonera delante de sus compañeros de trabajo y, segundos después, quedó en el centro de una grave acusación.
Dentro de sus pertenencias apareció una prenda de ropa interior y, según denunció, fue tratada públicamente como una ladrona.
El episodio ocurrió a fines de 2024, mientras la empresa transitaba un proceso de cierre definitivo y liquidación de mercadería.
Tras la discusión generada por el hallazgo, la mujer aseguró que desconocía cómo esa prenda había llegado hasta allí.
Sin embargo, cuando intentó retomar sus tareas, le impidieron ingresar nuevamente al local y le notificaron el despido con causa.
La empresa argumentó una supuesta “pérdida de confianza”, asegurando que la empleada había intentado apropiarse de mercadería del comercio.
Durante el juicio, la firma El Coloso S.A. sostuvo que la encargada observó a la trabajadora guardar una prenda en su riñonera durante la jornada laboral.
También afirmó que existían cámaras de seguridad que registraban la situación y que incluso al corpiño encontrado le habían retirado el sistema de alarma.
Pero en el proceso judicial surgió un dato clave: no existió denuncia penal ni ninguna investigación formal en contra de la mujer.
Además, la empresa no presentó testigos y los videos que decía tener no pudieron ser utilizados como prueba válida.
La Cámara Segunda del Trabajo de General Roca concluyó que la empresa no logró demostrar las acusaciones realizadas contra la empleada.
Ante esa falta de pruebas, el tribunal determinó que el despido fue injustificado y condenó a la firma a pagar indemnización laboral, actualización de créditos, intereses y entregar toda la documentación laboral correspondiente.
Los jueces no solo analizaron la situación laboral. También tuvieron en cuenta el impacto emocional que sufrió la mujer tras ser acusada públicamente frente a sus compañeros de haber cometido un delito que nunca pudo probarse.
Un informe psicológico incorporado al expediente describió un cuadro de angustia, miedo, alteraciones del sueño y afectación emocional directamente vinculada a la manera en que ocurrió el despido.
Con esos elementos, la Justicia resolvió además otorgarle una indemnización por daño moral.
Después de dedicar más de 21 años a la empresa, la trabajadora terminó atravesando un despido traumático que finalmente llegó a la Justicia.
El fallo dejó una conclusión contundente: acusar a un empleado de un delito sin pruebas puede tener consecuencias legales severas.