La Justicia avanzó contra Marcelo Román por presunta administración fraudulenta y peculado. La investigación seguirá hasta fines de agosto.
Nuevo capítulo judicial en Allen. Este jueves quedaron formalmente presentados los cargos contra el actual intendente de la ciudad, Marcelo Román, acusado por delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos municipales.
La causa fue impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, quienes sostienen que existen elementos suficientes para investigar al jefe comunal por administración fraudulenta y peculado.
La magistrada interviniente fijó además un plazo de dos meses de investigación penal preparatoria, que vencerá el próximo 30 de agosto.
Según la imputación presentada por Fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el intendente habría utilizado dinero del erario municipal para autorizar la compra de un teléfono celular de alta gama.
De acuerdo a la acusación, se adquirió un equipo por 479.999 pesos, bajo modalidad de servicio corporativo a nombre del municipio, con un costo total que alcanzó 596.812,38 pesos, incluyendo el abono mensual.
Fiscalía sostiene que el celular adquirido con fondos públicos fue retirado de la órbita municipal y entregado a una persona que no formaba parte del Estado ni mantenía vínculo contractual que justificara el uso del dispositivo.
“Se quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservarse sobre el patrimonio público”, argumentó la acusación. Según se detalló, esta maniobra habría generado un perjuicio económico directo a las arcas municipales.
La investigación no alcanza solamente al intendente. Un segundo imputado quedó vinculado a la causa como partícipe necesario, ya que, según Fiscalía, sabía que no era agente público y aun así recibió el dispositivo y lo utilizó.
De acuerdo con la acusación, esta persona habría llegado incluso a impartir órdenes y directivas a empleados municipales, utilizando el teléfono oficial y asumiendo funciones que no le correspondían.
Entre las evidencias reunidas hasta esta instancia aparecen documentos fundamentales aportados por distintas áreas. Entre ellas están: una denuncia penal del Tribunal de Cuentas municipal, la factura de compra del celular investigado, las copias de pagos internos y externos realizados a Movistar Argentina, Informes de contaduría forense del Ministerio Público, documentación secuestrada durante allanamientos en el municipio y más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
Durante la audiencia, la defensa solicitó que no se formalizaran los cargos contra el intendente. Además, pidió incorporar como posible partícipe a quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda y solicitó excluir parte de la prueba presentada por Fiscalía, incluyendo declaraciones testimoniales, documentación secuestrada y pericias realizadas sobre teléfonos celulares.
Sin embargo, la Justicia resolvió avanzar con la formulación de cargos y mantener abierta la investigación.
La acusación contra el intendente quedó encuadrada bajo los delitos de: Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado y concurso ideal.
Ahora, durante los próximos dos meses, la causa continuará sumando pruebas mientras avanza una investigación que ya genera fuerte repercusión política en la ciudad.