Unas 45 familias tomaron tierras del IPPV en Allen. Vecinos de un barrio cercano reclaman la intervención de la Policía para que los desalojen.
La ocupación de tierras que comenzó el domingo en Allen continúa activa y genera una fuerte división en la comunidad. Unas 45 familias permanecen asentadas en un predio ubicado en la calle Bahía Blanca, en el sector comprendido entre el canal de riego y las vías del tren. El predio pertenece al IPPV y tiene un barrio a pocos metros.
En el lugar se registra una constante presencia de efectivos de la Comisaría Sexta, quienes custodian los cuatro puntos de acceso al sector, mientras avanza la intervención del fiscal Romero para intentar mediar en el conflicto y que se resuelva sin un desalojo por la fuerza.
Según se informó, las tierras pertenecerían al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), un factor que añade complejidad jurídica y social a la disputa entre quienes ocupan los lotes y los residentes de los barrios linderos. El lugar estaba reservado a la construcción de un plan de viviendas.
Los ocupantes del predio manifestaron que el número de personas se incrementó en las últimas horas, pasando de 35 a 45 familias. Actualmente se encuentran pernoctando en carpas y criticaron que el fuerte operativo policial les impide el ingreso de elementos básicos de asistencia, como agua, comida, leña o materiales de construcción. Las medidas dispuestas por el Ministerio Público responden al protocolo para que no se consoliden nuevos asentamientos.
"Estamos luchando contra el frío contra el hambre porque no nos dejan ingresar alimentos no nos permiten ingresar leña para calefaccionarnos", señaló una de las personas asentadas, quien detalló que deben quemar la maleza del propio terreno para sobrellevar las bajas temperaturas.
Respecto a los motivos que los llevaron a tomar los lotes, argumentaron que sufren una situación de emergencia habitacional debido a que los valores actuales de los alquileres les resultan completamente inaccesibles.
Asimismo, aclararon que su intención no es recibir los terrenos de forma gratuita, sino que tienen la voluntad de pagarlos de manera formal. Tras mantener un encuentro con el fiscal Ricardo Romero, las familias indicaron que se encuentran a la expectativa de una definición judicial o de una orden de desalojo, mientras las autoridades evalúan permitir el ingreso de asistencia humanitaria.
Por su parte, los residentes del barrio 56 viviendas, ubicado de forma contigua al asentamiento y cercano al barrio 11 de noviembre, expresaron su enérgico rechazo a la ocupación. Según explicaron, hubo un intento previo de toma había sido desactivado por la Policía en los días anteriores, pero el conflicto se reactivó el domingo con la llegada de más personas en autos y camionetas, equipadas con hilos, palos y cartones para delimitar las parcelas.
Los vecinos de la zona sostienen que no se trata de una urgencia habitacional genuina, sino de una movilización con motivaciones políticas. "Los vecinos del barrio no estamos de acuerdo con la toma porque ese es un terreno privado que pertenece al IPPV que está destinado a viviendas para personas discapacitadas", manifestó una de las residentes del sector.
Además de oponerse a la ilegalidad de la toma, los habitantes del barrio denunciaron haber recibido amenazas e insultos por parte de los ocupantes tras mantener un diálogo con el personal policial. También manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el asentamiento genere conexiones clandestinas a las redes de servicios públicos, cuyos costos temen que recaigan sobre el resto del barrio.