El tribunal que juzgó el fraude a la obra social rechazó el pedido de los fiscales, pero fijó nuevas pautas para evitar que se fuguen.
Los farmacéuticos condenados por la millonaria estafa al Ipross no irán a prisión, por el momento. Los jueces que dictaron sentencia en julio, imponiendo penas de hasta nueve años y medio de prisión, rechazaron este miércoles el pedido de los fiscales, quienes pretendían que esperen un fallo firme en una cárcel.
“No hay circunstancias que hayan incrementado el riesgo de fuga”, sostuvo la jueza Laura Pérez esta mañana en los Tribunales provinciales de Roca.
Lo que sí resolvió el tribunal, que también integran Oscar Gatti y Luciano Garrido, fue incrementar las medidas cautelares para evitar la evasión de los condenados.
Esa posición se adoptó a partir de un dato revelado ayer por los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, quienes advirtieron sobre reiteradas fallas en el sistema de tobillera electrónica impuesto en julio para los cuatro condenados.
Incluso una de las defensas aportó datos sobre esas anomalías, indicando que uno de los farmacéuticos -Raúl Mascaró- llegó a estar 12 horas sin monitoreo satelital.
La abogada del imputado ubicó ese hecho como un punto a favor de su asistido. “Estuvo 12 horas sin señal y no se fue. Se quedó en Roca. Es una prueba de que no existe riesgo de fuga”, afirmó Patricia Espeche.
En consecuencia, los jueces determinaron que Sandra Fasano, la farmacéutica de Allen que era auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro y sobre la cual pesa una condena a nueve años y medio de prisión, seguirá con tobillera y además deberá presentarse todos los días, a primera hora, en la Comisaría Sexta.
Por su parte, Fabio Caffaratti, condenado a ocho años y medio de prisión, deberá hacer lo mismo, pero en la Comisaría Tercera de Roca.
Esos dos imputados no tuvieron alteraciones en sus sistemas de control satelital desde julio hasta el momento.
En tanto, Rodolfo Mastandrea y Mascaró -cuyas tobilleras sí fallaron- deberán presentarse dos veces por día en la Comisaría Tercera, ubicada en el centro de Roca, al principio y al final de cada jornada.
Los jueces que analizaron los pedidos del Ministerio Público Fiscal determinaron que las anomalías en el control no eran responsabilidad de los imputados y por lo tanto, no existían razones fundadas para considerar esa circunstancia como un incremento del riesgo de fuga.
En función de lo resuelto, existe la posibilidad de que los fiscales pidan la revisión de esta decisión por parte del Tribunal de Impugnación.
Mientras tanto, el legajo principal de la causa tomará rumbo hacia el Superior Tribunal de Justicia, para un nuevo intento por parte de las defensas de revertir el escenario y evitar que los farmacéuticos vayan finalmente a prisión.
En forma paralela, dentro del fueron contencioso administrativo se tramita una causa paralela, iniciada con una demanda de la Fiscalía de Estado, para que el Ipross pueda recuperar el dinero pagado a los farmacéuticos como producto de sus maniobras delictivas.
Ese monto fue estimado oficialmente en 4.100 millones de pesos al mes de abril pasado, por lo tanto, se cree que a esta altura del 2024 rondaría los 5.000 millones de pesos.