El intendente Marcelo Román presentó una denuncia por "perjuicio económico a la hacienda pública y daño institucional al electorado". También quedaron en apuntados los concejales.
El intendente de Allen, Marcelo Román, presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Cuentas municipal contra Fabián Figueroa, presidente del Concejo Deliberante, por “perjuicio económico a la hacienda pública y daño institucional al electorado”. La presentación, registrada bajo la Nota N° 353/26, ingresó por Mesa de Entradas el 3 de septiembre de 2026.
El jefe comunal fundamentó su reclamo en su carácter de intendente electo, restablecido en sus funciones luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) del 27 de agosto de 2026. Esa sentencia, dictada en el expediente "Román, Raúl Marcelo c/ Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen s/ Conflicto de Poderes", declaró la nulidad absoluta de las ordenanzas municipales N° 044/2026 y N° 045/2026.
Según el escrito, el proceso declarado nulo por el máximo tribunal provincial derivó en la usurpación de la Intendencia por parte de Figueroa, quien asumió el cargo tras un Acta de Traspaso Interino firmada el 24 de julio de 2026. Ese traspaso, indicó Román, se produjo después de que el Concejo Deliberante impidiera administrativamente el ejercicio del veto que la Carta Orgánica le otorga al intendente.
La denuncia detalla que la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Marianela Rodríguez, liquidó los haberes correspondientes al período comprendido entre el 24 y el 31 de julio de 2026 bajo la categoría de Intendente Interino. Ese pago se concretó pese a que la Ordenanza N° 044/2026 ya estaba judicializada y su legitimidad, en discusión, quedó luego confirmada como ilegítima por el STJ.
El intendente también señaló que Figueroa solicitó y percibió un anticipo financiero de $1.500.000 a cuenta de sus haberes de agosto de 2026. Con la declaración de nulidad de la ordenanza que sustentaba su gestión interina, tanto ese anticipo como los haberes liquidados quedaron sin causa legal, según sostuvo Román en la presentación ante el organismo de control.
Por ese motivo, el Ejecutivo solicitó al Tribunal de Cuentas que ordene la restitución inmediata de la totalidad de esas sumas, que calificó como un perjuicio al erario público y un crédito exigible a favor del Municipio de Allen. El pedido incluye tanto los haberes del período interino como el adelanto financiero otorgado.
La denuncia no se limitó a Figueroa. Román pidió también que se inicie de oficio un Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Patrimonial contra el concejal Guillermo Pennesi y el asesor legal Néstor Soler, junto a los ediles que votaron las ordenanzas anuladas. El intendente los responsabilizó por sostener normas que el STJ consideró inconstitucionales.
El escrito solicitó, además, que se ordene el cargo personal a los denunciados por la suma de 35 Jus regulados judicialmente en concepto de honorarios, correspondientes a los abogados patrocinantes de ambas partes en el litigio. Román remarcó que esos costos no deberían recaer sobre las cuentas generales del Municipio, sino sobre los responsables directos del conflicto.
Como último punto, la denuncia solicitó mantener la reserva penal y formular la correspondiente denuncia ante la justicia ordinaria, en caso de advertirse indicios delictivos durante la sustanciación de la causa contable. Román mencionó específicamente los posibles delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial.
El intendente sostuvo que el Concejo Deliberante se negó, a través de la Resolución N° 036/2026, a recibir el veto total de la ordenanza cuestionada, argumento que el STJ desestimó al restituirlo en su cargo. La presentación quedó ahora en manos del Tribunal de Cuentas de Allen, que deberá resolver sobre los pedidos formulados.