La presentación la realizó el maestro al advertir que los niños no asistían con regularidad. La Justicia de Paz dispuso medidas para proteger los derechos de los menores.
El Subdirector de una escuela de una localidad rionegrina denunció a la madre de dos hermanitos anotados en ese establecimiento porque no asisten a clase en forma regular.
La presentación la formalizó en la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia de General Conesa el último 26 de febrero.
El docente relató que los menores, de 9 y 10 años de edad, no lograron finalizar el tercer trimestre del ciclo lectivo del año 2025, por lo que fueron convocados a realizar el período de recuperación del 18 al 27 de febrero último.
Precisó que mantuvieron comunicación con la mujer acusada, pero que no asistió a la institución.
La causa fue elevada para su tratamiento al Juzgado de Paz local, donde se dictó una resolución en la que se advirtió que, de acuerdo a lo expresado en la denuncia, “podrían encontrarse vulnerados los derechos de los niños…”, por lo que subrayó que resultaba “imperiosa y urgente” la intervención de la SENAF -Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia-.
La disposición judicial dictada recientemente puntualiza que se la deberá poner en conocimiento a la responsable local del organismo provincial, de acuerdo a lo que establece la Ley Provincial 4109 (que contempla la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes).
Se ordena a la funcionaria que deberá tomar contacto “en forma inmediata con los integrantes de la familia”, para “evaluar su situación y disponer las medidas necesarias con el objeto de garantizar la efectiva recuperación de sus derechos vulnerados.
La resolución aclara que la norma obliga a la SENAF a intervenir “en función del interés superior de las niñas, los niños y/o adolescentes”, con el deber de “garantizar la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos y garantías reconocidos en normas nacionales y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Con el mismo objetivo, para garantizar el mayor resguardo de los derechos de los niños” agrega que corresponde enviar el expediente la Defensora de Menores e Incapaces en turno para que tome intervención.
La medida judicial también establece que corresponde comunicar los resuelto a la escuela donde concurren los niños.
Por otra parte, se informó para la continuidad del proceso en el Juzgado de Familia que deberá intervenir, las partes deberán contar la asistencia de un abogado particular o en caso de falta de recursos o vulnerabilidad podrán recurrir acompañamiento legal gratuita a la Defensoría de Pobres y Ausentes de Viedma.
La responsabilidad de los docentes más allá de la tarea educativa ha quedado expuesta en distintos casos en los que intervinieron en defensa de los alumnos. A mediados del año pasado una profesora de un colegio secundario de la localidad de Valcheta, en la Línea Sur provincial, denunció que una alumna de 15 años sufrió violencia en su hogar y responsabilizó a la madre de la menor. La presentación hizo que se iniciara una causa con la intervención de la Justicia de Paz.
La mujer acusada, empleada pública de ocupación, reconoció que se produjo el hecho de violencia, pero aclaró que los ataques fueron mutuos. Destacó que “no es una conducta que tenga a diario”, que “no acostumbra a ejercer violencia sobre su hija” y que padeció una “situación de angustia y desesperación” al momento del incidente denunciado.
Aseguró que ella también recibió golpes por parte de su hija, aunque dijo que no quería justificar con esto su accionar, sino “solo informar” del contexto del episodio.
El hecho motivó que interviniera la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- a través del dispositivo de guardia con el ETI -Equipos Interdisciplinarios del Fuero de Familia-. Además se dispuso el dictado de medidas cautelares por un plazo de 60 días para frenar la hostilidad entre madre e hija.