Buscan que la tasa de alumbrado público se cobre según el consumo real y no con estimaciones. ¿Cómo se aplicaría?
Un nuevo proyecto de ley ingresado a la Legislatura de Río Negro propone un cambio estructural en la forma en que los municipios de la provincia calculan y cobran la tasa de alumbrado público. La iniciativa busca reemplazar los actuales sistemas de estimación por un esquema basado en medición real del consumo eléctrico, con el objetivo de dotar de mayor transparencia al cobro y garantizar una mayor razonabilidad tributaria para los contribuyentes.
La propuesta fue presentada por el legislador César Domínguez y plantea la obligatoriedad de implementar sistemas de medición eléctrica individualizados y sectorizados para determinar con precisión cuánto consume el servicio de iluminación pública en cada jurisdicción.
Según los fundamentos del proyecto, el sistema vigente en gran parte de los municipios rionegrinos presenta importantes falencias, ya que se apoya en cálculos estimativos, porcentajes sobre consumos domiciliarios o coeficientes generales que no reflejan el uso real del servicio.
En este contexto, el texto advierte que este mecanismo “presuntivo” genera desigualdades entre los usuarios, quienes abonan montos sin contar con información precisa sobre el consumo efectivo de energía destinado al alumbrado público, ni sobre los costos reales de mantenimiento del sistema. A su vez, se señala que esta modalidad puede derivar en sobrecostos para los vecinos y dificulta la detección de irregularidades, fallas técnicas o conexiones clandestinas.
Uno de los ejes centrales del proyecto se encuentra en su artículo 3°, donde se establece de manera explícita la prohibición de determinar la tasa de alumbrado público en base a porcentajes del consumo domiciliario o cualquier otro tipo de estimación sin respaldo técnico verificable.
En reemplazo de estas metodologías, la iniciativa obliga a los municipios de Río Negro a incorporar sistemas de medición homologados, capaces de registrar el consumo real del servicio de iluminación urbana. La intención es que cada jurisdicción cuente con herramientas tecnológicas que permitan medir de forma precisa el uso de energía destinado al alumbrado, evitando así distorsiones en la facturación.
El proyecto sostiene que este cambio no solo apunta a mejorar la transparencia fiscal, sino también a modernizar la gestión municipal en materia energética.
En ese sentido, se plantea la posibilidad de avanzar hacia esquemas de “ciudades inteligentes”, mediante la implementación de tableros de control y sistemas de monitoreo que permitan optimizar el consumo, detectar fallas en tiempo real y reducir los costos operativos del sistema.
En sus argumentos, el legislador Domínguez respalda la iniciativa en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de los consumidores a recibir información veraz, clara y detallada sobre los bienes y servicios que abonan. A ello se suma la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, que refuerza el principio de transparencia en la relación entre el Estado y los usuarios de servicios públicos.
Asimismo, el proyecto cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ha establecido en distintos fallos que las tasas municipales deben mantener una relación razonable con el costo real del servicio prestado, evitando transformarse en mecanismos de recaudación indirecta o encubierta.
Bajo esta línea interpretativa, la iniciativa sostiene que el sistema actual puede generar distorsiones que afectan la equidad tributaria, al no existir una correspondencia directa entre lo que se cobra y lo que efectivamente se consume.
Para permitir una transición ordenada hacia el nuevo esquema, el proyecto establece un plazo de 24 meses para que los municipios adapten sus sistemas de medición, facturación y normativa interna. Durante ese período, las jurisdicciones deberán avanzar en la instalación de los equipos necesarios y en la actualización de sus ordenanzas tributarias.
La propuesta también invita a los gobiernos locales a iniciar procesos de modernización tecnológica que acompañen este cambio estructural, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión energética y fortalecer los mecanismos de control sobre el servicio de alumbrado público.