El gremio estatal manifestó su preocupación y anticipó consecuencias institucionales. El intendente Marcelo Román fue suspendido, pero no acata la decisión.
La crisis institucional en Allen se profundiza tras la suspensión del intendente Marcelo Román y la falta de claridad sobre quién conduce efectivamente el Municipio, en un escenario que suma tensión política, incertidumbre administrativa y preocupación social.
La decisión del Concejo Deliberante de apartar preventivamente al jefe comunal abrió una disputa sobre el ejercicio del poder, ya que mientras el cuerpo legislativo designó a un reemplazante, Román rechaza dejar el cargo.
Este conflicto derivó en una situación inédita para la ciudad, con interpretaciones contrapuestas sobre la legalidad del proceso y sobre la validez de los actos administrativos que puedan adoptarse en este contexto.
Tras la votación que aprobó la suspensión, el presidente del Concejo Deliberante quedó habilitado para asumir como intendente a cargo, tal como establece la Carta Orgánica Municipal ante situaciones de acefalía transitoria.
Sin embargo, la negativa de Román a acatar la medida generó un escenario de superposición de autoridad, alimentando la confusión institucional y profundizando la crisis política que atraviesa la localidad en los últimos días.
La falta de definiciones concretas no solo impacta en el plano político, sino también en el funcionamiento cotidiano del Municipio, donde distintas áreas esperan precisiones sobre la conducción administrativa.
En medio de este panorama, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió declararse en estado de alerta, asamblea permanente y movilización frente a lo que considera un riesgo para la estabilidad laboral.
El sindicato advirtió que la crisis institucional puede afectar el normal desarrollo de la actividad administrativa y poner en peligro los derechos y garantías de los trabajadores municipales.
La medida gremial se suma así al complejo escenario político, incorporando un nuevo frente de conflicto que aumenta la presión sobre las autoridades en un momento de alta sensibilidad institucional.
Desde ATE manifestaron que la incertidumbre en torno a la conducción del Municipio podría derivar en una paralización administrativa y en la pérdida de servicios básicos, lo que agravaría aún más la situación.
La secretaria general de la seccional, Carolina Suárez, sostuvo que solicitaron información precisa sobre las autoridades en funciones, al advertir que la falta de claridad podría profundizar la crisis.
En ese sentido, remarcó que “los trabajadores no pueden quedar expuestos a un escenario de vulnerabilidad ni ser perjudicados por una disputa política que excede su ámbito laboral”.
Por su parte, el delegado municipal Miguel Seguel explicó que representantes del gremio se presentaron en la Municipalidad para exigir explicaciones formales sobre el estado actual de la administración.
Indicó que las declaraciones cruzadas entre los distintos sectores políticos generan mayor incertidumbre y dificultan el normal funcionamiento de las secretarías y dependencias municipales.
Además, advirtió que la falta de certezas afecta directamente tanto a los trabajadores como a la comunidad, que depende de servicios esenciales que podrían verse resentidos en este contexto.
Desde el sindicato también señalaron que no descartan endurecer las medidas si no hay respuestas concretas en el corto plazo, lo que podría traducirse en acciones que impacten en la prestación de servicios.
ATE fue claro al sostener que “la crisis institucional no puede convertirse en una excusa para avanzar en la precarización laboral ni en la vulneración de derechos de los empleados municipales”.
En este sentido, remarcaron la necesidad de garantizar condiciones de trabajo estables y previsibles en medio de un escenario que calificaron como crítico.