Cinco legisladores acudieron al Superior Tribunal de Justicia para exigir el pleno funcionamiento de Cambia Río Negro y el cumplimiento de una resolución de la Legislatura.
La disputa por el funcionamiento del bloque Cambia Río Negro en la Legislatura provincial llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ). Cinco legisladores acudieron al máximo órgano judicial para reclamar el pleno ejercicio de sus derechos parlamentarios.
Patricia McKidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Piccoti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti presentaron una acción de mandamus con la que buscan exigir el cumplimiento de la Resolución 460/25, dictada por la Presidencia de la Legislatura a fines del año pasado.
El planteo judicial representa un nuevo capítulo de una controversia que comenzó dentro del Parlamento provincial y que ahora deberá ser analizada por la Justicia. El reclamo apunta contra las restricciones que, según sostienen los legisladores, enfrenta actualmente el bloque.
El principal argumento de la presentación se encuentra en la Resolución 460/2025, dictada el 30 de diciembre de 2025 por la Presidencia de la Legislatura. Mediante aquella medida se autorizó formalmente el funcionamiento del nuevo bloque parlamentario.
Inicialmente, Cambia Río Negro quedó conformado por Santiago Ibarrolaza y Patricia McKidd, quienes habían accedido a sus bancas mediante la alianza provincial que compitió en las elecciones de 2023 y postuló a Aníbal Tortoriello como candidato a gobernador.
Posteriormente se produjeron nuevas incorporaciones al espacio. Entre ellas aparecen Daniel Sanguinetti, quien dejó el bloque de Juntos Somos Río Negro, y Claudio Doctorovich, que abandonó el PRO para incorporarse al sector político referenciado con Tortoriello.
Para respaldar su planteo, Cambia Río Negro también mencionó antecedentes de otros bloques constituidos en circunstancias que considera similares, entre ellos Foro Rionegrino, Eva Perón, Carlos Auyero, Edgardo Castello y Unidad Ciudadana.
“La resolución está vigente y la conformación del bloque se ajusta al artículo 46 del Reglamento Interno y a la práctica parlamentaria. No hay ningún motivo para que se nos impida ejercer las funciones que corresponden a un bloque legislativo”, sostuvo McKidd.
La presidenta del bloque también cuestionó la postura del legislador Facundo López y recordó como antecedente una situación ocurrida en 2014 con Carlos Auyero, caso que desde Cambia Río Negro consideran comparable con la conformación actual.
El conflicto avanzó posteriormente cuando la Comisión de Labor Parlamentaria estableció un denominado “criterio suspensivo” sobre el funcionamiento del bloque. Según el planteo presentado, esa determinación quedó plasmada mediante un Acta Acuerdo fechada el 10 de junio de 2026.
La medida fue posteriormente ratificada por la Presidencia de la Legislatura el 25 de agosto. Para los integrantes de Cambia Río Negro, esa decisión restringió en los hechos las facultades que consideran adquiridas mediante la resolución firmada en diciembre.
“La Comisión de Labor Parlamentaria no tiene facultades para suspender, dejar sin efecto o desconocer una resolución dictada por la Presidencia de la Legislatura”, manifestó McKidd al fundamentar la posición sostenida por los cinco legisladores.
La presentación judicial no se limita al reconocimiento formal del espacio. Entre los puntos reclamados aparecen la participación en Labor Parlamentaria, la integración de las comisiones legislativas, la asignación conjunta de bancas y la intervención en los cierres de debate.
Esas atribuciones forman parte de la actividad cotidiana de los bloques dentro del Parlamento y constituyen el eje de la acción impulsada ante el Superior Tribunal. Los legisladores pretenden que la Justicia ordene aplicar plenamente la Resolución 460/25.
“No reclamamos privilegios. Reclamamos que se respete la voluntad expresada en las urnas por miles de rionegrinos y que nuestros legisladores puedan ejercer plenamente el mandato para el que fueron elegidos”, señaló McKidd al referirse a la presentación.
Desde Cambia Río Negro sostienen que antes de recurrir al máximo tribunal provincial realizaron reiterados reclamos por la vía administrativa sin obtener una solución. Ante esa situación, argumentaron que quedó habilitado el mecanismo judicial contemplado en el artículo 44 de la Constitución Provincial.
La acción presentada también invoca presuntos incumplimientos de los artículos 2, 121, 123 y 132 de la Constitución Provincial, además de distintos artículos del Reglamento Interno de la Legislatura vinculados con el funcionamiento parlamentario.
“Vamos a defender las herramientas que la Constitución y el Reglamento reconocen a los legisladores y, fundamentalmente, el derecho de los rionegrinos a que sus representantes puedan ejercer plenamente el mandato que recibieron en las urnas”, concluyeron desde Cambia Río Negro.
De esta manera, una controversia que durante los últimos meses permaneció dentro de la Legislatura provincial ingresó ahora al terreno judicial. El planteo quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá intervenir sobre el reclamo presentado por los cinco parlamentarios.