Lo atraparon con un rifle de alta potencia momentos después del hecho. Un cómplice sigue libre. La dueña de la casa atacada pidió protección policial.
Un joven de 18 años fue imputado y quedó en prisión preventiva por el feroz ataque a balazos contra una casa del barrio San Lorenzo de Cipolletti, ocurrido durante los primeros minutos de este lunes.
El acusado es Braian José Pacheco, domiciliado en Ferri, y en la audiencia realizada durante la mañana de este martes le formularon cargos por el delito de “resistencia a la autoridad, tenencia de arma de fuego y daño”.
El violento hecho, que generó una gran preocupación en el sector barrial, tendría relación con una antigua enemistad entre familias que se fue agravando en el tiempo, con distintos episodios hostiles que derivaron, algunos de ellos, en causas judiciales.
Según se mencionó, el enfrentamiento lo protagonizan integrantes de las familias Pacheco y los Palma contra los Quintana. El dato era conocido por vecinos, que siempre mencionaron esos apellidos. Pero ahora lo corroboró la dueña de la casa, quien se presentó espontáneamente en la Fiscalía para advertir que tiene miedo por lo sucedido y pidió protección policial, la que fue otorgada por medio de rondines.
También lo conformó su hija en una entrevista realizada por la misma dependencia judicial, en la que manifestó que el conflicto no es con su madre, sino con su hermano, que está preso.
Se presume que hay al menos otro hombre implicado en el atentado, que no causó personas heridas, y lo están rastreando. Es quien logró escapar cuando intervino la policía. También buscan el arma con que efectuaron los disparos, presumiblemente una escopeta. Si bien hay un fusil secuestrado, se sospecha que no fue el utilizado. Durante la tarde del mismo lunes hubo varios allanamientos, pero con resultado negativo.
El lunes minutos después de la medianoche se escucharon fuertes detonaciones en la zona del barrio Quito, un plan de viviendas que integra el San Lorenzo.
Policías del grupo COER que recorrían la zona porque tenían conocimiento que se podrían registraron enfrentamientos, de inmediato fueron hasta el lugar donde sonaron los estallidos. Cuando llegaban observaron una moto de 110 cc con dos hombres a bordo que circulaba a alta velocidad, porque lo intentaron interceptarlos. Sin embargo, escaparon a toda velocidad. A las pocas cuadras el acompañante se bajó y se introdujo al interior del Quito, donde logró desaparecer. Mientras que el conductor siguió por la calle Jujuy, dobló por Mengelle hasta que fue atrapado a la altura del gimnasio número 1.
Era Braian Pacheco, quien tenía en su poder un fusil 7.62, un arma considerada de guerra por su alto poder de fuego, frecuentemente utilizada por cazadores.
Posteriormente los uniformados determinaron que habían disparado contra el frente de una casa ubicada en la calle Formosa al 50, donde reside la familia Quintana.
En la audiencia de formulación de cargos el fiscal Gabriel Lamas enumeró las pruebas que incriminan a Pacheco, quien carece de antecedentes, pero ser hallado culpable recibiría una condena de cumplimiento efectivo.
Entre los indicios mencionó las actas del procedimiento policial y la declaración de los uniformados que participaron en el operativo. También sumaron lo expresado por la señora Quintana y su hija, que le dan contexto al episodio.
Lamas aclaró que aún no pudieron determinar si el rifle secuestrado al acusado es apto para disparar y si fue utilizado en el ataque. Explicó que es un arma poco común y que no encuentran cartuchos compatibles para efectuar la prueba. Expertos del Renar y del Gabinete de Criminalística informaron que utilizado para cazar animales y que tiene un alto poder de impacto.
En el lugar también encontraron tres vainas 12/70, para escopetas. Se presume que un arma de ese tipo emplearon para atentar contra el frente de la casa, dado que los impactos sugieren que se trató de “munición múltiple”. Las pericias determinarán si es acertada la hipótesis.
El pedido de imputación no fue objetado por el defensor Oficial Horacio Briges Doyhenard. En cuanto a las medidas cautelares, consensuaron con la Fiscalía dejarlo en libertad e imponerle la prohibición de acercamiento a la casa baleada a menos de 500 metros, con el monitoreo de una tobillera GPS. Sin embargo, no había disponibilidad de dispositivos, por lo que acordaron imponerle siete días de prisión preventiva hasta acceder a uno de los aparatos de seguimiento.
El defensor también planteó que la madre del muchacho había acercado un certificado que indica que padece una discapacidad mental leve, por lo que requirió un dictamen del área forense.
La jueza Rita Lucía avaló lo requerido por las partes y le formuló los cargos a Pacheco por los delitos mencionados con la prisión preventiva por siete días y la orden de liberarlo cuando haya disponibilidad de tobilleras. Además habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, lapso en el que se debería cumplimentar la investigación, para luego ser elevada la causa a juicio.