Es Marcelo Miguelez, quien abrió el dispositivo GPS que lo monitoreaba. Está imputado por el sangriento hecho junto con Valentín Quidel, también preso.
La jueza de Garantías Sonia Martín dispuso la revocación de la prisión domiciliaria y ordenó la inmediata detención de Marcelo Fernando Miguelez, de 23 años de edad, uno de los dos acusados por el homicidio de Agustín Flores, de 20 años, ocurrido la madrugada del 26 de junio en el barrio Managua de Cipolletti.
La medida fue requerida por el fiscal del caso, Diego Vázquez, y tendrá vigencia hasta fin de mes, fecha en la que vencerá el plazo de la medida cautelar y se discutirá en una nueva audiencia su continuidad y modalidad.
El pedido fiscal obedeció a que detectaron la apertura de la tobillera satelital que le habían colocado al joven para su seguimiento por GPS. La irregularidad fue advertida por el sistema de registro el domingo, minutos antes de las 23:30. El sospechoso fue aprehendido minutos después, cerca de la medianoche, a pocas cuadras del domicilio fijado. El operativo estuvo a cargo de personal policial de la Comisaría 24° del barrio Don Bosco.
Según explicó el fiscal, Miguelez habría argumentado que tuvo una discusión familiar y se retiró de la vivienda. Al momento de la detención, los efectivos constataron que tenía el dispositivo de rastreo en su poder.
La policía había informado el lunes que había cortado la sujeción del mecanismo. Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el hombre llevaba consigo el dispositivo de monitoreo, que presentaba aparentes signos de daño.
Vázquez recordó que el muchacho está imputado en la causa por homicidio desde el 29 de junio de 2026 había obtenido la morigeración de la medida cautelar en el mes de septiembre. Entre las pautas impuestas figuraba la prohibición de ingreso al domicilio fijado de cualquier persona ajena al núcleo familiar conviviente.
La defensora oficial adjunta Alfonsina Stular, quien ejerció la asistencia técnica del acusado, no presentó objeciones a los hechos ni a la solicitud de la fiscalía. Luego de escuchar a las partes, la jueza Martín dispuso la revocación de la prisión domiciliaria y ordenó su inmediato alojamiento en una unidad policial hasta fin de mes.
El crimen de Agustín Flores habría sido en represalia por una pelea desatada semanas antes en un concurrido boliche de la zona céntrica de la Cipolletti.
La hipótesis fue planteada por el fiscal Diego Vázquez durante la audiencia de formulación de cargos realizada a Miguelez, el primer sospechoso, por el delito de “homicidio agravado”.
Según la acusación descripta por la Fiscalía, Miguelez con otro joven que conducía una moto fueron hasta la esquina de Jorge Newbery y Antonio Turrín, donde había un grupo de personas alrededor de una hoguera encendida en un tacho.
Tras bajar del rodado extrajo un arma de fuego calibre 9 mm y disparó alrededor de 15 balazos contra todos los presentes. Uno de los disparos impactó en la parte posterior de la cabeza de Flores, quien fue trasladado por familiares al hospital Pedro Moguillansky, donde falleció pocas horas después.
En tanto que Miguelez escapó junto a su cómplice. Personal de la Subcomisaría 79 y de la Comisaría Cuarta acudieron al lugar para comenzar con las primeras tareas investigativas junto a personal de la Fiscalía, el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones. Allí lograron tomar declaraciones de testigos que se encontraban en el momento del hecho, y recabaron datos entre los que apareció el nombre de Miguelez y referencias de una pelea que se había desatado el sábado anterior en KPLA en la que habría intervenido el acusado con algunas de las personas que se encontraban alrededor del fuego.
Con esa información recabada, el joven fue detenido pocas horas después tras una serie de allanamientos.
En tanto que el otro acusado, identificado como Juan Valentín Quidel, de 19 años de edad, quedó detenido días más tarde luego de que se entregara en la Fiscalía acompañado por su abogado defensor, Iván Chelia. También fue imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" y quedó en prisión preventiva por el término de cuatro meses.
En la audiencia de formulación de cargos efectuada a principios de julio se requirió no difundir imágenes de Quidel dado que restaban medidas de prueba a realizar. Entre ellas aparecen ruedas de reconocimiento. También se iba a peritar el celular de Miguelez, quien había entregado el código de desbloqueo. El análisis del aparato lo iba a realizar la OITEL (Oficina de Investigación en Telecomunicaciones).
En tanto que el celular de Quidel no había sido hallado, y era considerado clave para determinar la responsabilidad en la balacera fatal. La relevancia del contenido de ambos teléfonos estaba centrada en que luego del incidente en el boliche bailable se habría registrado un cruce de amenazas a través de las redes sociales.