Más de mil guanacos faenados: así operaba la red de caza ilegal que abastecía a Río Negro

Una investigación judicial permitió descubrir la presunta base de operaciones de una organización dedicada a la caza furtiva de guanacos y comercialización ilegal de carne silvestre, con una red de distribución que alcanzaba distintas localidades de Chubut y Río Negro.

El procedimiento se desarrolló este viernes en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial 23, a unos 200 kilómetros de Esquel, en cercanías de Gobernador Costa. Allí, los investigadores encontraron armas, herramientas de faena, elementos de embalaje y una enorme cantidad de osamentas distribuidas por el terreno.

La intervención fue solicitada por el procurador de Fiscalía Ismael Esteban Cerda, como parte de una investigación que había comenzado con procedimientos urbanos realizados el jueves en Esquel. Durante aquellos operativos se habían secuestrado productos cárnicos en mal estado y se habían inspeccionado cámaras frigoríficas.

Los nuevos hallazgos permitieron avanzar sobre la presunta estructura logística de la organización, que habría abastecido ilegalmente los mercados de Esquel, Trevelin y El Bolsón, utilizando distintos mecanismos de distribución y hasta publicaciones en redes sociales para ofrecer los productos.

Encontraron restos de más de mil guanacos en un campo

Uno de los descubrimientos más importantes del allanamiento fue la presencia de una enorme cantidad de restos óseos de guanacos(Lama guanicoe), dispersos en diferentes sectores del establecimiento rural que funcionaría como centro clandestino de faena.

Según la documentación elaborada por el personal de Criminalística, las osamentas encontradas corresponderían a más de mil ejemplares, una cifra que permite dimensionar la magnitud de la actividad investigada y su posible continuidad durante un período prolongado.

Los efectivos de la División de Investigaciones de Esquel y de la Comisaría de Gobernador Costa recorrieron el predio y documentaron los restos, junto con distintos elementos que podrían resultar fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la organización.

Entre los objetos secuestrados se encontraron armas de fuego, reflectores, balanzas, cuchillos, cortadoras de carne y materiales de embalaje. También se identificaron bolsas de nylon y cajas similares a las incautadas durante el procedimiento realizado el día anterior.

Esta coincidencia permitió establecer un vínculo entre el establecimiento rural y la mercadería encontrada en Esquel. Para los investigadores, constituye un elemento relevante para reconstruir el circuito que conectaba la caza furtiva, la faena clandestina y la comercialización de carne.

Una organización de al menos seis integrantes que vendía carne en Río Negro

La investigación apunta contra una presunta organización integrada por al menos seis personas, que habría desarrollado actividades de caza furtiva de manera sostenida, superando ampliamente las cantidades autorizadas y operando fuera de los períodos permitidos.

Según los informes incorporados al expediente, el establecimiento rural no registraba movimientos de hacienda y tampoco contaba con las habilitaciones sanitarias del SENASA ni con las autorizaciones correspondientes del Juzgado de Paz para desarrollar actividades productivas de estas características.

Los investigadores sospechan que el predio era utilizado como una fachada para ocultar las operaciones clandestinas. Desde allí se habría organizado la faena y el posterior traslado de los productos hacia distintos puntos de comercialización.

El circuito investigado tenía ramificaciones en El Bolsón, Río Negro, además de las localidades chubutenses de Esquel y Trevelin. La Fiscalía intenta determinar quiénes compraban la mercadería y si existían otros intermediarios vinculados con la distribución.

Alerta sanitaria por la carne comercializada sin controles

Además del presunto delito ambiental, la investigación incorporó una preocupación vinculada con la salud pública, debido a las condiciones en las que se habría realizado la faena y el posterior traslado de los productos cárnicos.

La Fiscalía investiga posibles infracciones a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, a la legislación provincial correspondiente y al artículo 206 del Código Penal, relacionado con la violación de medidas sanitarias.

Los informes elaborados por Diego Sabán, jefe del Departamento Provincial de Bromatología de Chubut, junto con organismos de SENASA, Salud y Ambiente, advirtieron sobre los riesgos asociados a la comercialización de carne sin inspecciones veterinarias ni controles bromatológicos.

Entre las principales preocupaciones figura el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad grave que puede estar asociada al consumo de alimentos contaminados. Los organismos sanitarios señalaron la importancia de prevenir posibles exposiciones a microorganismos patógenos.

La faena a la intemperie, la falta de controles sanitarios y la posible interrupción de la cadena de frío durante los traslados nocturnos constituyen factores de riesgo. Sin embargo, no se informó que la carne secuestrada haya provocado casos confirmados de SUH.

Secuestraron vehículos, armas y teléfonos celulares

La orden judicial también contempló el registro de vehículos, requisas personales y el secuestro de dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre las comunicaciones, operaciones comerciales y posibles compradores vinculados con la organización investigada.

Entre los vehículos inspeccionados se encontraban una camioneta Toyota Hilux y un Peugeot Hoggar, ambos registrados a nombre del principal imputado. También se dispuso el secuestro de municiones, miras telescópicas y otros elementos relacionados con la actividad.

Del procedimiento participaron autoridades policiales de distintas dependencias, entre ellas el comisario Melipil, el jefe de la División de Investigaciones, comisario González, personal de Policía Científica y efectivos de las comisarías de Gobernador Costa y San Martín.

La causa judicial continúa abierta y ahora los investigadores deberán analizar la documentación, los teléfonos y los demás elementos secuestrados para determinar el alcance de la comercialización clandestina, identificar a posibles compradores y establecer si existen nuevas ramificaciones de la red en Río Negro y Chubut.