Lo detuvieron en un barrio "conflictivo" de Cipolletti. La investigación determinó que no era para cometer delitos, sino por seguridad.
Un hombre fue atrapado por la policía con una pistola Bersa 9 milímetros en su poder sin autorización legal. El arma, del calibre permitido a las fuerzas de seguridad, tenía una bala en la recamara, por lo que estaba lista para ser disparada.
El operativo se llevó a cabo el 27 de septiembre del año pasado alrededor de las dos de la madrugada en un sector barrial de Cipolletti considerado “conflictivo”, una referencia que tuvo relevancia en el fallo, junto con la caracterización personal del acusado.
En la apertura del expediente judicial le formularon cargos por “portación ilegal de arma de guerra”, un delito tipificado en el Código Penal con penas de entre 2 y 6 años de prisión.
Las pericias habían determinado que, si bien el arma se encontraba en mal estado de conservación, estaba “apta para producir disparos”, por lo que se habría un interrogante acerca del motivo para llevarla.
Sin embargo, en el avance de la investigación tomó firmeza otra hipótesis respecto al hecho, que aliviaba la situación legal del vecino y le permitía acceder a una pena menor.
El cambio de consideración lo anunció la fiscal Eugenia Vallejos en una audiencia realizada semanas tras, en la que junto a la Defensora Oficial pidieron cerrar el caso en un juicio abreviado e imponerle una condena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso (que le permite no ir preso), más pautas de conducta por el término de dos años.
Explicó que era un castigo atenuado -el mínimo previsto- dado que habían tomado “como válido” que el arma “la llevaba por razones de seguridad personal” y “no para cometer delito alguno”.
La Fiscal destacó también que había sido detenido “en un sector conflictivo de la ciudad”, pero además resaltó que “es un hombre de trabajo y de familia, no tiene antecedentes penales computables y desde la formación del proceso siempre se mantuvo a derecho cumpliendo todas las pautas que se le fijaron”.
Tanto el acusado como la Defensora Oficial que lo asistió aceptaron la propuesta, por lo que quedó asentado que se hacía cargo de haber cometido el delito.
El juez Guillermo Baquero Lazcano no objetó el requerimiento de las partes y dictó el fallo en los términos planteados.
Coincidió con la fiscal en cuanto a los términos de la acusación y las pruebas expuestas, como también el encuadre legal dado al caso.
También estuvo de acuerdo con el monto del castigo propuesto, el mínimo establecido, y valoró que esa reducción era posible debido a que el acusado no cuenta con antecedentes penales.
El magistrado concluyó que “resulta evidente que no hubo intencionalidad de utilizarla con fines ilícitos”.
El acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa Oficial estableció que junto con la prisión en suspenso el hombre deberá cumplir pautas de conducta por el plazo de dos años: fijar domicilio y no mudarse sin aviso; presentarse una vez cada dos meses ante el Patronato de Presos y Liberados; no cometer ningún delito y no abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse del consumo de drogas.
En cuanto a la pistola, la sentencia ordena decomisarla y enviarla para su desguace al Registro Provincial de Armas, por intermedio de personal policial autorizado.