{# #} {# #}
El agresor estaba borracho. Le dieron una probation, pero cumplió las pautas a medias. Vive en un campo lejano, donde es difícil contactarlo. De todos modos fue sobreseído.
Un trabajador rural fue acusado de haber matado un perro a puñaladas y después agredir de un ladrillazo en la cara a su propio hermano.
El violento incidente se registró la tarde del 11 de agosto de 2023 en una casa de la localidad rionegrina de Catriel donde reside el padre de GAV, el acusado. El hecho derivó en una denuncia con el inicio de una causa por quebrantar la ley de protección animal y lesiones graves, con la formulación de cargos al día siguiente.
En esta audiencia se describió que el episodio se desató cuando GAV, quien se encontraba en estado de ebriedad, le pegó dos patadas al perro de la familia, un mestizo macho de pelaje corto y blanco.
Pero el animal se defendió y lo mordió en la pierna y muslo izquierdo, por lo que el hombre entró a la vivienda y tomó un cuchillo de 26 centímetros de largo total y de 13 de hoja, con el que le asestó dos puñaladas en el sector izquierdo del tórax, provocándole la muerte. La acusación destaca que actuó con la intención de matar y por “sólo espíritu de perversidad”.
El bárbaro ataque generó la reacción de un hermano del agresor que se encontraba en la propiedad, quien se lo recriminó y luego se trenzaron en una pelea que terminó cuando le dio un ladrillazo en el ojo derecho, causándole lesiones de carácter grave que demandó 30 días de curación.
En diciembre del mismo año le otorgaron la suspensión del juicio a prueba, proceso conocido como probation, en la que el imputado debía cumplir pautas de conducta por el término de un año. Aunque el plazo se comenzó a computar nuevamente el 24 de septiembre de 2024 por incumplimientos del acusado que se consideraron justificados.
En una audiencia realizada recientemente la Defensa pidió darle un cierre al caso y tras plantear que el hombre no se había presentado porque estaba en un campo y no tiene medios para contactarse ni para acercarse a ningún organismo de la ciudad, requirió desvincularlo definitivamente del expediente penal y otorgarle el sobreseimiento.
El argumento se centró en que se había cumplido el plazo establecido de la probation y que también había acatado las pautas impuestas, salvo la realización del tratamiento para adicciones y el pago de la reparación económica. De todos modos destacó que su asistido no registra antecedentes penales.
La Fiscalía no se opuso y acompañó el pedido de sobreseimiento. La jueza María Agustina Bagniole accedió al planteo de las partes y dictó el fallo resolvió relevar a GAV de las pautas de comportamiento pendientes, como el tratamiento para adicciones y el pago de la reparación económica. También declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento.
Explicó que durante el proceso habían acordado la modificación de las pautas para procurar su cumplimiento y que no correspondía mantener el reproche dado que además el plazo se había agotado.
La magistrada declaró, como se lo indica el Código Penal, que el trámite judicial "no afecta el buen nombre y honor" que pudiera gozar el imputado.