Tras el allanamiento y detención, luego de un mes prófugo, la Justicia dispuso prisión preventiva para el acusado.
Esta mañana se formularon cargos contra el segundo acusado del violento ataque a un vecino de Cipolletti, baleado en el cuello el 26 de julio cuando llegaba a su casa con su pareja en una camioneta. El juez dispuso prisión preventiva por un año.
El fiscal Guillermo Ibañez detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 20:40 en calle Río Gallegos, cuando la pareja llegaba en la camioneta a su domicilio. El acusado y una mujer ya detenida ingresaron al vehículo, que estaba en marcha.
Según la acusación, ambos trabaron las puertas e intentaron apoderarse del rodado. Al realizar una maniobra en reversa, la camioneta se detuvo y la víctima comenzó a pedir auxilio mientras intentaba resistir el robo.
El hombre golpeó con un elemento el vidrio del lado del conductor para impedir que escapara. En esas circunstancias, efectuó desde adentro del vehículo un disparo con un arma calibre 22 que impactó en el cuello de la víctima.
Tras el disparo, los dos agresores descendieron por la ventanilla del conductor y escaparon a pie en dirección al barrio La Paz, según reconstruyó la fiscalía en base a testimonios y evidencia recolectada en el lugar.
La fiscal adjunta Julieta de la Cha expuso la evidencia reunida durante la investigación y remarcó las graves secuelas físicas que la víctima arrastra desde el ataque. Su esposa también resultó afectada por la violencia del hecho.
Ambos fueron asistidos desde el primer momento por la Oficina de Atención a la Víctima, que mantuvo comunicación constante con la familia para informarles sobre cada avance registrado en la causa judicial.
Entre las pruebas se destacó el testimonio de la pareja agredida y las declaraciones de vecinos que escucharon el disparo y vieron huir a dos personas, una de ellas con un arma de fuego.
También se incorporaron registros de cámaras de seguridad de la zona y las tareas desarrolladas por el Cuerpo de Investigación Judicial, que permitieron reconstruir el recorrido de los agresores tras el ataque.
El Gabinete de Criminalística secuestró una vaina servida calibre 22 y recolectó rastros en la camioneta utilizada por las víctimas. La evidencia incluye además informes médicos y documentación reunida durante los allanamientos.
En uno de esos procedimientos se secuestró un arma de fuego en la vivienda del imputado, que fue peritada con resultado positivo: coincidió con el proyectil disparado contra la víctima.
También se secuestraron cartuchos, un cargador, prendas de vestir, teléfonos celulares y calzado. Los peritos recolectaron además filamentos pilosos, manchas, muestras de olor humano y rastros parciales de origen papilar.
La defensora oficial Silvana Ayenao no se opuso a la formulación de cargos, aunque sostuvo que su asistido no cometió el hecho y adelantó que trabajará sobre esa teoría del caso durante el proceso.
El juez de garantías Juan Pedro Puntel tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal y fijó en cuatro meses el plazo para completar la investigación.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por un año, citando antecedentes conductuales del acusado y el hecho de haber permanecido prófugo durante todo el último mes tras el ataque.
También advirtió que, en libertad, el acusado podría entorpecer la investigación y remarcó la conmoción que el hecho generó en las víctimas, quienes deberán declarar durante el proceso judicial.
La defensa propuso medidas cautelares menos gravosas, pero el juez hizo lugar al pedido de la acusación y dispuso la prisión preventiva por el término de un año para el imputado.