Hay dos detenidos. Uno por abusar de niños y adolescentes, filmar los ataques y distribuir las imágenes. El otro por recibirlas. La causa avanza en la justicia local.
La justicia rionegrina inició una investigación por el presunto accionar de una red de pedofilia que tendría como epicentro un asentamiento popular de Cipolletti, donde estalló un enorme escozor cuando se propagaron algunos pormenores de los graves ultrajes que tuvieron como víctimas a niños y adolescentes.
La dirigencia vecinal está al tanto de los hechos y reclamaron que se llegue al esclarecimiento total y que los culpables reciban una condena ejemplar. Desde la organización Mujeres en Lucha y Diversidad repudiaron los hechos y además de aportar pormenores del expediente, exigieron la mayor celeridad a la investigación para llegar a la "sanción más severa" a sus responsables.
Hasta el momento hay dos imputados que se encuentran en prisión preventiva. Sobre uno de ellos, un hombre de 37 años de nacionalidad ecuatoriana, recae la acusación más aberrante: haber captado menores, drogarlos hasta hacerlos perder la lucidez, y luego violarlos, al igual que a otros dos niños que estaban a su cargo. Aunque no fue solo eso, porque también le enrostran haber filmado los abusos, y luego difundir esas imágenes.
Mientras que el otro sujeto quedó implicado por haber recibido parte de ese material, prueba central de la causa judicial, cuyos detalles -según trascendió- causan escalofríos por el nivel de depravación que reveló el individuo.
La pesquisa recabó elementos para acusar al ecuatoriano por al menos seis hechos, todos cometidos contra niños y adolescentes, ocurridos entre 2023 y mediados del año pasado.
El sujeto operaba siempre de la misma manera: atraía a sus víctimas a su domicilio, ubicado en uno de los sectores más humildes al norte de la ciudad, donde les suministraba un poderoso fármaco, presuntamente mezclado en alguna bebida. Cuando el joven perdía la conciencia, lo desnudaba y lo accedía carnalmente.
Pero esas secuencias además las filmaba con un teléfono celular que fue secuestrado junto con una notebook en un allanamiento realizado en su domicilio a mediados de 2025, donde encontraron cientos de fotos y videos de los ataques, y de otros niños en situación de abuso sexual.
Las filmaciones, como es rigor cuando se trata de evidencias contenidas en soportes telefónicos, fueron analizadas por la OITEL -Oficina de Investigación de Telecomunicaciones- que funciona en la órbita del Ministerio Público. Trascendió que algunas de las menores que aparecen en las imágenes aún no pudieron ser identificados. Por esos hechos le adjudican haber cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal, producción de material de abuso infantil, tenencia y distribución.
Otro cargo que le formularon fue por corrupción de menores en perjuicio de dos chicos -que estaban a su cargo- a quienes además de abusarlos sexualmente con la misma técnica de perversión, les exhibía videos pornográficos en un televisor.
La causa, en la que además de la Fiscalía y la Defensa Oficial penal, interviene la Defensoría de Menores, avanzó tras el allanamiento y la recolección de las pruebas fílmicas que aparecen como incontrastables.
Trascendió que las partes están trabajando en consensuar un juicio abreviado para declarar su responsabilidad del imputado. La propuesta de la parte acusatoria fue presentada recientemente, y se espera la respuesta de la Defensa.
De prosperar el acuerdo, posteriormente se deberá llevar a cabo el juicio de cesura para establecer la pena, que podría llegar a los 25 años de prisión.
En el teléfono secuestrado al acusado, en el que encontraron las fotos y los videos que lo incriminan, también detectaron que había enviado parte de ese material a dos destinatarios. Uno fue una persona, residente en otra provincia del país, que no pudo ser encontrada.
En cambio, lograron localizaron a otro receptor que sería un alumno de una universidad de la región. Ese hombre fue detenido e imputado por tenencia de ese material de abuso infantil, lo que también está penado por la ley.
La agrupación Mujeres en Lucha y Diversidad difundieron un comunicado de prensa en el que además de repudiar los hechos de "violencia sexual sufrido por los menores" y ratificaron que la causa se encamina hacia un proceso abreviado.
"La acusación describe conductas aberrantes, reiteradas y sostenidas en el tiempo, cometidas contra personas menores de edad que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad y, en algunos casos, bajo el cuidado del acusado. Estos hechos exigen una respuesta judicial firme, proporcional a su gravedad y respetuosa de los derechos de las víctimas", enfatizaron desde la organización que encabeza Lila Calderón.
"Solicitamos que el proceso judicial avance con la mayor celeridad, transparencia y rigurosidad, y que al momento de determinar la pena se aplique la sanción más severa que permita la legislación vigente, de acuerdo con los hechos acreditados, las agravantes y la responsabilidad que se reconozca judicialmente", agregaron. Reclamaron que se investigue "de manera exhaustiva el contexto en el que las víctimas quedaron expuestas al acusado. Es indispensable establecer si existieron omisiones, negligencias o responsabilidades por parte de personas adultas encargadas de su cuidado, sin anticipar conclusiones y con pleno respeto por las garantías del debido proceso".
También exigen que atrapen a las personas que recibieron el material relacionado con estos hechos denunciados y se los responsabilice "conforme indica la ley".
"Las niñas, los niños y adolescentes deben crecer en entornos seguros. Ninguna persona adulta puede desentenderse de su deber de protección ni ignorar señales de riesgo. La responsabilidad social e institucional consiste en prevenir, escuchar, intervenir a tiempo y evitar que quienes ejercen violencia encuentren condiciones para actuar con impunidad", subrayaron.
Además advirtieron que se debe preservar "estrictamente la identidad, intimidad y dignidad de todas las víctimas. Rechazamos cualquier difusión de datos, imágenes o información que permita identificarlas, revictimizarlas o exponer a sus familias".
"Acompañamos a las víctimas y exigimos justicia. Frente a hechos de esta magnitud, la sociedad no puede permanecer indiferente", concluyeron en el comunicado.