Un empresario y dirigente politico acusa a una ex funcionaria municipal por enviarle un "sicario" para matarlo. Afirma que ocurrió por una entredicho mantenido antes con la mujer. Logró convertir la causa pública en privada.
Un vecino de Catriel que denunció haber sido víctima de un ataque a balazos y la fiscalía local cerró la causa alegando falta de pruebas, logró reabrirla y continuar la investigación en forma privada como parte querellante con el patrocinio del abogado cipoleño y ex fiscal Matías Stiep.
Se trata del procedimiento de “conversión”, incorporado en el nuevo Código Procesal Penal rionegrino que entró en vigencia en 2017, que permite a la propia víctima la posiblidad de cumplir la función del fiscal y encargarse de reunir indicios y pruebas para identificar sospechosos y avanzar a las siguientes etapas penales, hasta llegar al juicio.
La denuncia la presentó Martín Molina -propietario de una empresa privada de seguridad, director de una radio y postulante a intendente en las últimas elecciones por Unidad Para la Victoria- quien vinculó directamente el hecho con un entredicho que mantuvo horas antes con la ex Directora de Inspección General del municipio de Catriel, a quien también denunció por mal desempeño de funcionaria pública. Su identidad no la brindan, como tampoco la del hombre, porque no están imputados. Los darán llegada a esa instancia.
En una entrevista realizada por FM Láser de esa ciudad, Molina aseguró que la funcionaria le envió “un sicario” -que sería su pareja- quien le disparó con una pistola 9 milímetros con intenciones de matarlo. Pero aclaró que no lo logró porque alcanzó a protegerse detrás de una máquina vial y solo sufrió lesiones en el oído izquierdo por un golpe.
El empresario destacó que cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que captaron el incidente, dado que el lugar está monitoreado las 24 horas por un equipo de vigilancia satelital.
Aseguró que las imágenes muestran la partida de una camioneta Renault Duster color gris que pertenece a la acusada, según aseveró, y que luego fue encontrada, al igual que el supuesto autor de los disparos, en un allanamiento que se efectuó en la casa de la mujer. Afirmó que también secuestraron la ropa que llevaba el presunto autor de la balacera y municiones de 9mm.
Para él, la funcionaria es la responsable intelectual de la agresión, y su pareja el tirador.
Molina expresó que pese a los elementos de pruebas aportados y los resultados del operativo, la fiscal Analía Diaz decidió no seguir la investigación y cerrar la causa por no recabar las evidencias suficientes.
Sin embargo no lo conformó esa medida y pidió su revisión, que fue ratificada por el fiscal Jefe, Gustavo Herrera. Por eso recurrió a la alternativa judicial y él mismo ponerse al frente de la labor investigativa.
El dirigente cuestionó fuertemente la labor de los fiscales y afirmó que recurrió al Consejo de la Magistratura para que evalúen la actuación en su caso.
Posteriormente, Molina designó a Stiep como querellante, quien presentó un requerimiento para reabrir el caso y convertir la acción pública en privada, lo que fue concedido el martes de la semana pasada por la jueza de Garantías, Agustina Bagniole, que estableció un plazo de cinco meses para finalizar la pesquisa.
Con este aval la querella podrá continuar la investigación en forma autónoma y con todas las facultades de la fiscalía, pero sin su intervención.
Stiep explicó que tienen como base la pesquisa desarrollada hasta el momento y le sumarán otros elementos probatorios que planean recabar en distintas diligencias que deben realizar.
Precisó que cuando tengan reunido el cúmulo de evidencias con las personas sospechadas, definirán el encuadre legal del hecho, que podría girar entre homicidio en grado de tentativa, coacción agravada por el uso de armas o abuso de armas.
Luego aspiran a poder requerir el pase a una audiencia de formulación de cargos.
“Creemos que vamos a encontrar las evidencias necesarias a partir de lo ya producido, profundizar otras, completando algunas cosas que están incompletas, efectuando otras que no se iniciaron y trayendo al proceso otras cosas que no se han hecho, otros elementos, otros testigos”, expresó el profesional cipoleño.
Cerca del mediodía del 6 de diciembre del año pasado, Molina fue al municipio de Catriel a gestionar una habilitación para realizar una carrera de speedway en una pista de su propiedad.
Su abogado indicó que quería entregar unos papeles para avanzar con el trámite, pero que no se los quisieron recibir. Ahí se produjo un entredicho con la funcionaria cuestionada, con la que ya antes había tenido discusiones, precisó el profesional.
Fue un cruce subido de tono, y el mismo Molina filmó la escena con su celular, lo que compone el material probatorio de su parte.
Pero no quedó todo ahí. Volvió al circuito y se puso a trabajar con una máquina bobcat, junto a otros operarios.
En su relató recordó que cerca de dos horas después llegó una camioneta Renault Duste gris, de la que bajó un hombre y preguntó por él. Le indicaron donde estaba y fue a su encuentro. No fue una charla amable, sino que lo increpó y lo agredió a golpes, para luego extraer una pistola 9 milímetros con la que le disparó dos balazos.
Molina se alcanzó a proteger detrás de la máquina. Una bala dio en una rueda y la otra en la carrocería, precisó.
Aseguró que antes de retirarse el hostil visitante lo amenazó: le advirtió que “no se metiera” con la funcionaria, aseguró.
El reclamo judicial corre por dos caminos. Uno por el supuesto incumplimiento de funcionaria pública y el otro por el ataque a balazos, aunque para ellos tiene vinculación. En ambos cuenta con el patrocinio de Matías Stiep.
En tanto que en forma personal Molina presentó la queja contra los fiscales en el Consejo de la Magistratura.