Bullying en la escuela: Educación interviene por el conflicto entre dos adolescentes

Dos alumnas de una escuela secundaria de Sierra Grande mantienen una relación conflictiva por motivos no precisados. Tienen 13 y 15 años de edad. La enemistad alcanzó tal gravedad, que la madre de una de ellas presentó una denuncia en la Comisaría 13ra de la localidad del este rionegrino, en la que apuntó a la otra menor y a su mamá. No se habla de agresiones físicas ni se describe otro tipo de ataque.

Tras formalizar la presentación policial el 14 de mayo, la causa comprendida como una falta contravencional se envió al Juzgado de Paz, cuya titular Carola Suárez consideró que los hechos podrían encuadrarse como “situaciones de hostigamiento escolar”, también conocido como bullying y contemplado en la Ley 5592, por lo que dispuso medidas preventivas provisorias, para frenar las hostilidades, hasta entrevistarse con las partes.

El colegio ya estaba interviniendo en caso de bullying

Pocos días después la magistrada convocó a la progenitora denunciada, quien manifestó que su hija “también ha sido víctima de situaciones de acoso escolar” y que habían sido informadas a las autoridades del colegio, donde se “estaría trabajando en la temática”.

Lo mismo dijo la acusadora, quien ratificó lo denunciado y también indicó que la institución educativa “solicitó medidas para preservar el bienestar escolar”.

Suárez resolvió que debía ratificar las medidas preventivas para “evitar la reiteración de situaciones de hostigamiento, intimidación o perturbación, y proteger el derecho a una convivencia pacífica, libre de violencia”, como lo establece la ley 26061, que aplica el principio “del interés superior del niño”.

No deben agredirse, ni tampoco sus entornos

En ese marco, la magistrada ordenó “con carácter provisorio, cautelar y preventivo”, que ambas partes deberán “abstenerse de todo acto de violencia, intimidación, perturbación o contacto, por cualquier medio”, ya sea por contacto personal, telefónico, digital o por redes sociales. La instrucción alcanza también a terceros, familiares o amistades.

Asimismo dispuso que los adultos responsables de ambas jovencitas -fuera del ámbito escolar- tienen que asegurarse de que mantenga una distancia de 100 metros entre ellas, y que en caso de encontrarse de manera fortuita deberán retirarse del lugar.

La jueza también le dio intervención al colegio, por medio de su director, para que implementen “medidas institucionales que garanticen la convivencia pacífica, la prevención de violencia escolar, la revisión del régimen de convivencia y la intervención oportuna ante nuevas situaciones”.

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Además dispuso notificar las medidas la Supervisión Escolar Zona Atlántica de la cartera educativa, para que “supervise y acompañe el proceso de abordaje institucional del conflicto”, requirió la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces con el fin de “garantizar los derechos de las adolescentes involucradas”.

Las medidas preventivas tendrán vigencia por el término de 90 días. El 26 de agosto se realizará una “audiencia de revisión” para evaluar el desarrollo del proceso. Les aclararon que en caso de incumplimientos podrán ser sancionados con una amonestación, trabajo comunitario, multa o arresto, entre otros castigos.

Tanto las entidades educativas como la Policía de Sierra Grande fueron notificados de la resolución dictada por la magistrada de Paz.