Piden investigar a Baratti por desvío de fondos

El rojo en las cuentas públicas heredado de la anterior gestión municipal divide aguas en el oficialismo cipoleño. Tras la presentación oficial de la auditoría de las cuentas públicas, la presidenta del Deliberante anticipó una denuncia penal contra el ex intendente Abel Baratti, pero desde el Ejecutivo se despegaron rápidamente de sus dichos y pusieron paños fríos, dando a entender que no habrá investigación externa para determinar si hubo delitos.

“(María Elisa) Lazzaretti se tendrá que hacer cargo de lo que dice. Lo que yo puedo decir es que formalmente no hay nada. El Ejecutivo no ha tomado la decisión de llevar el caso a la Justicia”, aclaró el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, horas después de que la titular del Legislativo afirmara que las irregularidades detectadas serían presentadas en la fiscalía.

“Tortoriello va a llevar a la Justicia el informe porque existe una anormalidad del presupuesto y esto no está permitido por ordenanza”, explicó Lazzaretti el jueves por la noche, apenas terminada la sesión especial que analizó la auditoría del contralor Horacio Schlichter, y se lo ratificó ayer a LM Cipolletti.

En medio de la disputa verbal, hay un dato no menor: a pesar de hacer observaciones por el manejo de 27 millones de pesos y certificar que el déficit total fue de $43 millones, los concejales aprobaron el balance por unanimidad.

El concejal Miguel Aninao expresó que su postura será la de trabajar para equilibrar rápidamente las arcas municipales, y tener las máximas precauciones para no volver a cometer los que consideró “errores administrativos”.

El Concejo aprobó el balance, con observaciones, y abrió la puerta a una investigación legal. En el Gobierno, sin embargo, son mucho más cautos.

En el Ejecutivo esperan el informe de los ediles y ya anticiparon su posesión. Si el escrito se acerca más a la opinión de Aninao que a la de Lazzaretti, no habrá acusaciones. “Si no hay sospechas de delitos, no hay nada que investigar”, confió un funcionario cercano a Tortoriello. Vázquez aseguró que no habrá definiciones hasta ver el dictamen de los concejales, “quienes aprobaron el balance 2015 con algunas observaciones. Una vez que lo tengamos en mano y podamos analizarlo, veremos qué hacer”, afirmó.

“Tortoriello va a llevar a la Justicia el informe porque existe una anormalidad del presupuesto y esto no está permitido por ordenanza”. María Lazzaretti. Presidenta del Concejo Deliberante

“Lazzaretti se tendrá que hacer cargo de lo que dice. Lo que yo puedo decir es que formalmente no hay nada. El Ejecutivo no ha tomado la decisión de llevar el caso a la Justicia”. Diego Vázquez. Secretario de Gobierno

En la ordenanza de aprobación del ejercicio económico, el Deliberante contempló “girar las actuaciones a la Fiscalía de turno interviniente, atento presuntas irregularidades observadas por la Contaduría y Contraloría municipal en sus informes, a efectos de que realice las investigaciones que estime pertinentes y determinar responsables, en caso de corresponder”.

Sin embargo, la decisión de llevar el caso a Tribunales está en manos de Tortoriello y, cruces internos mediante, parece responder más a su voluntad política que a las irregularidades que detalló el contralor Schlichter, a cargo del tercer poder del Estado local.

Las objeciones de la Contraloría

Asfalto

El contralor Horacio Schlichter confirmó que los $11 millones enviados por Provincia para el asfalto del San Pablo se usaron para cubrir gastos generales.

Rendiciones y gastos

Además, hubo gastos por $16 millones sin rendiciones y contrataciones sin los fondos necesarios para pagarlas por otros $16 millones.