Los Montecino están bajo la lupa por presunto lavado de dinero

Es por el pago a víctimas de casi un millón de pesos no declarados.

Ayer por la mañana, la jueza Alejandra Berenguer dictó la apertura a juicio en la causa que tiene como acusados a integrantes de la familia Montecino que se dedicaban a la compraventa de autos en Cipolletti. Se les reprocha un primer hecho de “asociación ilícita” y otro por “estafa”. De esta forma, se descartó la posibilidad de beneficiarlos con el “criterio de oportunidad” y, además, fueron informados del inicio de otra investigación, en el ámbito federal, por presunto lavado de activos procedentes de actividades delictivas.

Desde la fiscalía cipoleña hay muchas expectativas en relación con el juzgamiento de los integrantes de la familia Montecino y también se decidió ir un poco más allá: hubo cruzamiento de información con la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que se interesó por investigar el origen de los fondos de las personas acusadas, explicaron fuentes allegadas a la causa. Es que no tendrían forma de justificar el dinero ofrecido para resarcir a las víctimas de las estafas.

Berenguer no aceptó la suspensión del trámite para llevar a cabo acuerdos reparatorios que había ofrecido la defensa particular por considerarlos inviables, en algunos casos, abstractos en otros e incompetente para resolver en los hechos donde no existió acusación. Además de ello la Fiscalía manifestó su oposición a la aplicación de principios de oportunidad que beneficien a los imputados, lo cual fue considerado al momento de resolver respecto de avanzar en el proceso con la finalidad de realizar el juicio oral y público.

También la magistrada rechazó el planteo de atipicidad del abogado de los acusados respecto de la asociación ilícita y resolvió que la evidencia debe valorarse en el debate, en el que declararán los damnificados, empleados policiales intervinientes en la investigación, peritos del Poder Judicial y de la Policía de Río Negro. El juicio, de acuerdo con los plazos procesales, deberá realizarse en el transcurso de los próximos dos meses.

--> Hay estafados que ya cobraron

Antes de la realización de la audiencia, el defensor particular de los acusados, Juan Vincenty, acreditó haber resarcido económicamente a tres de las víctimas de las denuncias por estafas. Sin embargo, la Justicia aclaró que la decisión, de carácter privada, no implica la suspensión del proceso penal. Así, el pago no logró el objetivo de frenar el juicio y podría convertirse en una prueba del presunto lavado de dinero que ahora investiga un organismo nacional dedicado a combatir delitos económicos.

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