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Un criminal cipoleño que contrató a dos sicarios para cometer un doble crimen en el barrio Don Bosco también pretendió acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria, pero se encontró con la barrera infranqueable del Juzgado de Ejecución Penal 8 y su reclamo fue denegado.
El pedido elevado por el criminal Carlos Leguizamón Alcaide forma parte de una seguidilla de recursos interpuestos por personas que cumplen severas penas y que buscan beneficiarse durante la emergencia derivada del coronavirus, que contempla algunas excepciones a la hora de los cambios de modalidad de encierro y excarcelaciones para condenados.
Leguizamón fue el protagonista principal del denominado doble crimen narco ocurrido en el Don Bosco, el 30 de marzo de 2012, en una vivienda ubicada en la esquina de José Hernández y Ecuador. Desde un auto, señaló a las víctimas y un joven, Maximiliano Sepúlveda, efectuó un certero disparo que atravesó una ventana, impactó primero en Maximiliano Ruiz Díaz y, luego, en Daniel Morales. Ambos murieron en el lugar.
En la semana que pasó, con un informe médico donde se resaltaba su obesidad, problemas de hipertensión y enfermedad pulmonar, el condenado esperó sin suerte una respuesta favorable del inflexible juez Lucas Lizzi. De acuerdo con el fallo que se conoció el viernes, el magistrado analizó que el preso se encuentra alojado en un pabellón amplio, donde no hay ningún tipo de hacinamiento, que se está cumpliendo un estricto protocolo preventivo contra el COVID-19, y que a la fecha no existen casos sospechosos entre el resto de los internos ni el personal penitenciario.
Y principalmente, el magistrado prestó atención a un duro informe psicológico donde se advierte que el hombre, conocido por su apodo de Mendocino, no muestra arrepentimiento por lo sucedido ni “concientización de los daños producidos a las víctimas, sus familiares y personas del entorno”.
Considerado el máximo responsable
Con apoyo en los testimonios, los jueces que integraban la ex Cámara Segunda cipoleña no dudaron en imponer a Carlos Leguizamón Alcaide el máximo castigo, de 18 años, mientras que el autor del disparo mortal, Maximiliano Sepúlveda, recibió 15 años; y el joven que manejaba una moto, Carlos Adrián Dell’Oro, 12 años. La investigación fiscal determinó que Leguizamón pasó por el lugar de los hechos en un auto para indicarles el blanco del ataque a los asesinos. Luego, Sepúlveda y Dell’Oro se encargaron de efectuar un disparo hacia la vivienda donde estaban las víctimas.
Un criminal que no muestra “progresos”
Lejos del análisis liviano de los pedidos que ingresan al Juzgado de Ejecución Penal 8 de Cipolletti, Lucas Lizzi se caracteriza por desmenuzar los informes médicos, psicológicos y sociales. Luego, resuelve.
Sin desconocer la situación de vulnerabilidad del asesino Carlos Leguizamón Alcaide, el magistrado hizo un repaso del informe carcelario donde se indica que se encuentra alojado en un pabellón amplio, con los cuidados correspondientes y que no le falta la medicación que necesita a diario.
Por otro lado, recordó que el cipoleño no es un preso cualquiera. “Nos encontramos frente a un delito de carácter grave, con una pena de 18 años de prisión, de los cuales al interno le resta cumplir más de la mitad, es decir, más de 10 años”, indicó.
Después, de forma muy acertada, el juez de Ejecución analiza el dictamen psicológico, donde se indica contundentemente que Leguizamón no muestra ningún tipo de progreso en sus conductas. En este marco, Lizzi adviertió: “El solo control de un dispositivo electrónico, como es la tobillera GPS, no evitará que el interno pueda cometer hechos de violencia o incluso fugarse ante el eventual levantamiento de la cuarentena por parte de las autoridades competentes”.