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La dirigencia nacional de los barrios populares dispone de un amparo judicial para reactivar las obras paralizadas. Gestionan respuestas de Nación.
En la Argentina, hay más de 700 obras iniciadas en el pasado gobierno nacional y que se paralizaron con la actual gestión. La dirigencia que representa a los barrios populares ha pedido el reinicio de los trabajos hasta completarlos. Al efecto, esperan reunirse con el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, y con el ministro de Economía, Luis Caputo.
En Cipolletti, General Roca y Neuquén hay varios emprendimientos que están frenados, algunos de ellos con niveles de ejecución sumamente considerables y otros con menor desarrollo. El hecho es que las iniciativas, destinadas a la provisión de infraestructura y servicios básicos, son indispensables para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esto vale para Río Negro y Neuquén y para las demás jurisdicciones provinciales.
A favor de los planteos que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares (MNBP), se cuenta con un reciente amparo judicial dictado en la ciudad de Buenos Aires, que ha abierto las puertas a los reclamos que se están formulando al gobierno del presidente Javier Milei.
La discontinuación de las obras, que tenían financiamiento de la ex Secretaría de Integración Socio Urbana, ha tenido, además, un efecto muy negativo en lo social, puesto que son numerosos los vecinos que se desempeñaban en las cooperativas de trabajo encargadas de los emprendimientos y que están sin su fuente laboral, en un contexto tan difícil como el presente, marcado por una fuerte recesión, dificultades para acceder a ingresos y una gran pobreza.
Los estos días, la dirigencia de la MNBP ha tenido reuniones en Buenos Aires y avanzado en contactos con funcionarios gubernamentales en procura de una reactivación de las obras paralizadas. De allí que haya expectativas de prontos encuentros con el subsecretario Pareja, que depende del Ministerio de Capital Humano, y con el ministro Caputo. De las reuniones de la Mesa, ha participado la dirigente cipoleña Lilia Calderón, quien refirió a LMCipolletti lo relativo al amparo judicial.
La realización de los emprendimientos forma parte de la vigencia de la ley nacional de barrios populares, sancionada hace seis años, en tiempos del ex presidente Mauricio Macri.
De acuerdo con la MNBP, hay más de 5 millones de personas que esperan la reanudación de los proyectos de integración socio urbana detenidos desde diciembre de 2023. Tal situación, motivó a la organización a impulsar un amparo judicial para que se restituyan los fondos recortados por el actual gobierno nacional. La iniciativa legal fue aceptada.
La dirigencia sostiene, en un pronunciamiento, que "la realidad de 1.200.000 de familias que habitan en los barrios populares de Argentina se ha vuelto crítica. Desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, la devaluación, el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del DNU 193/24, y la decisión política de Luis Caputo, han llevado al freno de más de 700 obras en todo el país".
A su vez, "la ausencia de una alternativa de presupuesto para esta política pública tiene como consecuencia su desfinanciamiento, yendo en contra de la ley de barrios populares, ya que impide a las familias que aún esperan la regularización" alcanzar y conquistar "su derecho a acceder al agua, a una conexión eléctrica segura, a una vivienda digna".
Según el último relevamiento de la MNBP, "casi el 80 por ciento de las obras de integración socio urbana se encuentran paralizadas. Esto significa que miles de hogares en más de 700 barrios populares siguen sin acceso a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento. La interrupción también ha dejado sin ingresos a miles de trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, agravando la situación de vulnerabilidad en los barrios".
Por ello, el nucleamiento exige "la inmediata reactivación de los proyectos de integración socio urbana y el restablecimiento del financiamiento para las obras. La ley de barrios populares establece la responsabilidad del Estado de garantizar la mejora en las condiciones de vida de los habitantes" de las barriadas, por lo cual "hoy, más que nunca, es urgente" cumplir la normativa "para no retroceder en las conquistas obtenidas y asegurar un futuro digno para millones de personas".