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El gremio docente local lleva ese mandato al congreso que se realizará este martes en Ingeniero Jacobacci, en el que se debatirá la propuesta de aumento salarial del gobierno.
La seccional Cipolletti de la Unter llevará el mandato de rechazo y la puesta en marcha de un plan de paros al congreso que se realizará este martes en Ingeniero Jacobacci, en el que se analizará la nueva oferta salarial del gobierno provincial, cuando faltan pocos días para el inicio de las clases, el lunes 11 de este mes.
El gremio local informó en sus redes sociales que resolvieron de manera unánime esa postura en la asamblea de afiliados que efectuaron en el transcurso de los últimos días.
Pedirán convocar a un paro de 48 horas en la primer semana y otro de 72 la segunda semana. No obstante llevan el mandato “abierto y flexible” y adherir a la de máxima medida de fuerza y llamar a un congreso “inmediato” en el Alto Valle.
Asimismo propondrán facultar a la Comisión Directiva Central para “no aceptar una conciliación obligatoria”, Crear la Comisión Permanente de Fondo de Lucha y declarar la Emergencia Educativa salarial y por las condiciones edilicias.
Como se recordará, el Ejecutivo provincial ofertó el pago de distintas sumas fijas no remunerativas a efectivizar en marzo según la antigüedad del trabajador. Para quienes acumulan hasta 11 años $100.000; entre 12 y 21 años $120.000 y a partir de los 22 años $140.000. A ello se le suma la suba por ayuda escolar que establece elevarla a $20.000 pesos por hijo y por agente, monto que asciende a $40.000 para hijos con discapacidad.
Pero como ya lo manifestó la conducción central, el ofrecimiento de montos fijos no conforma.
“El gobierno sigue ofreciendo bonos fijos que achatan el escalafón docente, que descomponen aún más nuestros magros salarios y arrastran a los/as futuros/as jubilados/as a una jubilación de miseria en la que deben continuar pagando una moratoria fraudulenta”, expresaron en un comunicado.
Enfatizaron que ya no pueden soportar “la calamitosa situación económica que venimos atravesando” y aseguraron los docentes “ya no llegamos a mitad de mes”.
“A un salario que ya venía desfasado con respecto a la inflación desde hace años y ahora congelado desde noviembre, tenemos que sumar una hiperinflación galopante (más del 80% en dos meses); alquileres desatados; tarifazos; aumentos sin techo en alimentos, salud y medicamentos y una obra social prácticamente desmantelada por la que ahora recibimos mayores descuentos”, enumeraron.
Frente al delicado escenario que, como otros trabajadores deben enfrentar, recordaron que esa necesidad los lleva a trabajar “más horas por menos salarios”.
“La realidad es que hoy el salario no alcanza -resaltaron- ni con el doble cargo, ni con un cargo directivo. Los/as docentes no podemos pagar el alquiler, los servicios, ni llegamos a la canasta básica de subsistencia”.
Los docentes cipoleños de Unter manifestaron que el ajuste en el área educativa “no sólo es sobre lo salarial, sino también en la estructura funcional de las escuelas y jardines porque se cierran cargos y horas pero no se crean nuevos”.
A ello sumaron que los edificios escolares “tienen un mantenimiento deficiente o no lo tienen en absoluto y no se amplían ni crean nuevas escuelas y jardines”.
Pese a ese diagnóstico sostuvieron que se iniciará el nuevo ciclo lectivo aunque “en condiciones paupérrimas”.
“El ajuste salarial y la falta de inversión en las escuelas van en detrimento del sistema educativo. Nos hemos cansado de denunciar estas situaciones”, subrayaron.
Recordaron que en otros congresos del sindicato “hemos tomado definiciones que deben ser exigidas al gobierno en paritarias, como el blanqueamiento del salario y que ningún docente cobre un sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Hasta el momento, el gobierno no ha podido o no ha querido dar solución a estos planteos”.
Se preguntaron “¿Cuánto más cree el gobierno provincial que podrá seguir flexibilizándonos y empobreciéndonos?” y opinaron que los funcionarios provinciales “deberían cobrar por ley lo que cobra un/a docente, y atenderse en hospitales públicos”.