El aumento salarial de Nación para el personal de las Universidades Públicas fue un alivio, pero los universitarios siguen exigiendo la ley de financiamiento.
La efectivización del aumento salarial acordado por Nación con las Universidades Nacionales representó un alivio para el personal docente y no docente, aunque resulta insuficiente. Además, para el conjunto de los claustros el gobierno nacional debe cumplir a cabalidad con la ley de financiamiento universitario. No hay otra alternativa para que las Universidades superen su profunda crisis actual.
El acuerdo alcanzado el mes pasado por el Ejecutivo nacional con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las Universidades, y con algunos gremios universitarios contempló un incremento de los sueldos del 21,33 por ciento, a efectivizar con los haberes de junio, lo que se concretó tal lo estipulado, incluido el impacto de la suba sobre los aguinaldos.
Está pendiente, según lo acordado, una segunda mejora, en este caso, del 3 por ciento, para el mes de octubre. De este modo, se alcanzará un total del 24,33 por ciento de recomposición de los ingresos de docentes y no docentes.
En la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el aumento salarial ya percibido se recibió como un alivio o un paso adelante en el objetivo de recuperar lo perdido en los últimos años. Sin embargo, todavía queda bastante para alcanzar el 55-60 por ciento que se perdió por las políticas del gobierno del presidente Javier Milei.
Además, otros aspectos previstos en el acuerdo del 10 de junio último, como un 20 por ciento de incremento para los gastos de funcionamiento y un 50 por ciento de las becas Manuel Belgrano, tampoco conforma a gremios y estudiantes, ya que no cubre las expectativas ni lo que por derecho les corresponde a las Universidades Nacionales.
Y menos aún conforma a los diversos sectores universitarios tras el fallo emitido a fines de junio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que dejó en firme la medida cautelar que obliga al gobierno nacional a cumplir la ley de financiamiento universitario, en particular, sus artículos 5 y 6.
El titular del gremio docente ADUNC, Francisco Garrido, indicó que el aumento salarial contemplado en los salarios de junio fue un alivio, pero indicó que tuvo un impacto heterogéneo en el escalafón y, sobre todo, en lo relativo a las dedicaciones, además de ser insuficiente para compensar lo perdido y para hacer frente al costo de la vida y la constante erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios.
El dirigente cuestionó la estrategia que está impulsando el gobierno nacional para conseguir que se levante la medida cautelar resuelta en primera instancia para garantizar el cumplimiento de los trascendentales artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento, y enfatizó que su organización, una vez concluya el receso de invierno en la UNCo, evaluará la realización de nuevas medidas de fuerza por la vigencia plena de la normativa.
Recordó que el artículo 5 "es el que trata sobre los salarios docentes y no docentes y nuestras paritarias y obliga a una actualización sobre la base del IPC en un periodo previo y a convocar a futuras paritarias, con un piso eh sobre la base del IPC", es decir, el Índice de Precios al Consumidor que releva el INDEC.
En cuanto al artículo 6, resaltó que "habla de la actualización de todas las becas estudiantiles de programas nacionales". Esto abarca, en especial, a la beca Progresar, que "no ha sido actualizada desde hace más de dos años".
El dirigente enfatizó que el gobierno nacional "está incumpliendo la obligación legal que tiene", en abierta contradicción a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y haciendo caso omiso del marco jurídico existente, en pleno conocimiento de que no hay más instancias legales a las que acudir.
Por tal motivo, en ADUNC procederán "luego del receso invernal a discutir nuevamente la realización de acciones de protesta y reclamos, con medidas de fuerza para hacer que se cumpla la ley de financiamiento universitario, ya que es inadmisible que, habiendo fallado la Corte Suprema de Justicia, el gobierno no lo cumpla".
Garrido advirtió acerca del intento del gobierno nacional de desconocer la decisión del máximo tribunal del país, escudándose, al efecto, en el acuerdo firmado en junio entre el gobierno, los rectores y una parte de los gremios, pero el rechazo de otros sindicatos y la Federación Universitaria Argentina (FUA), organización del movimiento estudiantil.
"El gobierno está obligado a cumplir el fallo de la Corte, que ratificó el cumplimiento de la ley. Y un acuerdo no está por arriba de una ley ni puede anularla. La intención del gobierno de hacer foco en el acuerdo es un argumento falaz", afirmó y recordó, para más detalle, que ningún gremio y ninguno de los firmantes universitarios del mentado acuerdo renunció a seguir el reclamo judicial por la normativa de financiamiento de las Universidades Nacionales.
Tras poner de relieve que la actualización salarial para la docencia universitaria debe completar entre un 55 y un 60 por ciento, con lo cual se debería conseguir alrededor de un 35 por ciento más a lo ya otorgado por el Ejecutivo, el gremialista indicó que la CONADU Histórica, la federación sindical a la que está adherida ADUNC, tendrá un plenario de secretarios generales el próximo 15 de julio y un congreso extraordinario el 5 agosto.
En el congreso extraordinario, la organización federativa "va a definir las medidas de fuerza que tomemos", agregó y señaló, además, que "seguramente" se concretarán contacto con los demás gremios del Frente Sindical de las Universidades Nacionales para determinar en conjunto los pasos a seguir.
En tanto, la presidenta de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), Zoe Estigarribia, manifestó también la necesidad de que Nación cumpla en todos sus términos la ley de financiamiento universitario y resaltó que el claustro estudiantil espera que se actualicen, en el porcentaje debido, el monto de todas las becas a que acceden los alumnos de la UNCo y del total de las Universidades Nacionales del país.
Además, puso de relieve la necesidad de que el Estado nacional destine más fondos para el funcionamiento de las Universidades y respaldó los reclamos salariales del personal docente y no docente.
"Para nosotros, lo fundamental es que se cumpla con la ley de financiamiento universitario", sostuvo la referente estudiantil y dijo que, pese a que la FUA no acompañó el acuerdo con el gobierno, lo conseguido en esa ocasión "no se sintió como un retroceso", en particular, lo concerniente al aumento salarial para el personal universitario. "Fue un paso más" en la lucha por mejorar la realidad de las Universidades Nacionales, subrayó.
Sin embargo, reiteró que lo central sigue focalizado en el cumplimiento cabal de la ley. "Para nosotros, los estudiantes, es superimportante", ya que en el acuerdo de junio solo se incrementó, y no lo necesario, las becas Manuel Belgrano, que están dirigidas a un grupo menor en número del estudiantado, y se dejó sin mejora alguna las becas Progresar, que son las más extendidas entre los alumnos.
Al respecto, indicó que las becas Manuel Belgrano tienen solamente por destinatarios sectores "muy específicos" del estudiantado, que son las carreras consideradas como "estratégicas", entre las que se cuentan las relacionadas con la salud y las de mayor vinculación con la ciencia y la tecnología.
Cuestionó, también, que el gobierno nacional argumente que las becas Progresar "dependen del ANSES" para no impulsar un incremento directo de su monto, por lo que insistió en que con la vigencia plena de la ley "todo esto se solucionaría".
Estigarribia también destacó la necesidad imperiosa de una incremento de "las partidas propias para el funcionamiento de las Universidades" y para las tareas de mantenimiento y la realización de obras.
"Tenemos unidades académicas con muchos problemas edilicios", puntualizó y expresó que, entre otras cosas, hace falta "la construcción de más aulas" en distintas facultades y asentamientos de la UNCo.