Tras la suspensión de un viaje de egresados, una familia recurrió a la justicia porque la empresa no quería devolver el dinero. ¿Qué resolvió la Justicia?
Un viaje de egresados que nunca llegó a concretarse derivó en un reclamo judicial que expuso las tensiones habituales en materia de consumo. El caso, tramitado en Cipolletti, terminó con la intervención del Juzgado de Paz.
El conflicto se originó tras la contratación de un paquete turístico mediante un contrato de adhesión, una modalidad habitual en este tipo de servicios. Según consta en el expediente, la familia abonó un total de 650 dólares en tres pagos para garantizar el viaje de egresados, que finalmente fue suspendido.
El viaje no se concretó debido al contexto sanitario impuesto por la pandemia, una situación que afectó de manera masiva a la industria del turismo. Sin embargo, la controversia surgió cuando, tras la cancelación, la empresa no restituyó el dinero pagado pese a los reiterados pedidos.
La parte reclamante detalló que se realizaron múltiples intimaciones formales y que incluso se inició un reclamo ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor. A pesar de estas gestiones, no se obtuvo una respuesta favorable, lo que motivó la vía judicial.
Uno de los aspectos centrales del caso fue la moneda en la que debía realizarse la devolución. Mientras que el pago original se efectuó en dólares, la empresa sostuvo que no existía un acuerdo claro sobre si el reintegro debía hacerse en esa moneda o en pesos.
Al responder la demanda, la firma negó los hechos en los términos planteados por la parte actora, aunque reconoció que no había devuelto el dinero. La discusión se trasladó entonces al cálculo del monto y la cotización a aplicar, un punto clave en un contexto económico marcado por la volatilidad cambiaria.
El Juzgado de Paz de Cipolletti convocó a una audiencia de conciliación que se realizó el 25 de junio de 2026. Durante ese encuentro, las partes intercambiaron posiciones y finalmente lograron arribar a un acuerdo que puso fin al conflicto.
Según el acta, la empresa realizó un ofrecimiento económico “sin reconocer hechos ni derechos”, una fórmula habitual en este tipo de resoluciones. La parte reclamante aceptó la propuesta, lo que permitió avanzar hacia la resolución definitiva del caso.
Tras la audiencia, ambas partes solicitaron la convalidación del acuerdo. La jueza de Paz analizó los términos del convenio y concluyó que se trataba de una solución equilibrada, que contemplaba los derechos e intereses de ambas partes.
En ese marco, resolvió otorgarle fuerza de sentencia al acuerdo alcanzado. La empresa asumió el compromiso de abonar $1.484.243,84, con fecha límite de pago fijada para el 7 de julio de 2026, cerrando así el litigio.
El caso también pone en valor la función de los juzgados de Paz como espacios de resolución de conflictos cotidianos. Estos organismos cumplen un rol clave en el acceso a la Justicia, especialmente en reclamos de menor cuantía vinculados a derechos de consumidores.
Durante 2025, los 49 juzgados de Paz de Río Negro realizaron un total de 69.077 gestiones, según datos oficiales. De ese total, 14.297 correspondieron a expedientes jurisdiccionales, incluyendo casos como el de Cipolletti.
La mayor parte de la actividad de estos organismos es no jurisdiccional, con 54.780 intervenciones. Entre ellas se incluyen certificaciones, consultas, declaraciones juradas y otras gestiones administrativas que acercan el sistema judicial a la comunidad.
Este tipo de resoluciones refleja cómo, a través de instancias de cercanía y mecanismos de conciliación, es posible resolver conflictos derivados de relaciones de consumo. En este caso, un viaje frustrado terminó con una compensación económica que buscó reparar el perjuicio sufrido.