El desarrollo contempla una inversión privada estimada en 37,7 millones de dólares, la creación de hasta 390 puestos de trabajo durante su construcción y la transformación de un amplio terreno municipal ubicado en el sector sudeste de la ciudad.
Sin embargo, la publicación también establece una aclaración fundamental: la declaración de interés público no significa que las empresas ya tengan adjudicado el proyecto ni que estén autorizadas a comenzar las obras. Antes deberá desarrollarse un procedimiento público de selección.
Cómo será la Aldea Comercial y dónde se construirá
La propuesta lleva el nombre de Proyecto de Desarrollo Comercial Integral - Construcción de Supermercado y Aldea Comercial y fue presentada conjuntamente por las empresas INC S.A. y Planet Partners Development S.A.
Según la documentación oficial, el emprendimiento se proyecta sobre un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Cipolletti, identificado como Unidad de Gestión N° 12, Sección Manzana 080B, Parcelas 01 y 02, más precisamente en el predio de Kennedy y Alem.
El terreno cuenta con una superficie aproximada de 43.452,89 metros cuadrados, equivalente a más de 4,3 hectáreas, actualmente sin aprovechamiento y considerado estratégico para acompañar el crecimiento urbano del sector sudeste.
La iniciativa se organiza alrededor de dos componentes principales: un supermercado de gran superficie bajo la bandera Carrefour y un centro comercial de baja densidad denominado Aldea Comercial, que funcionarán de manera complementaria.
Además, el proyecto incorpora sectores destinados a locales comerciales, servicios, gastronomía, actividades recreativas y deportivas, junto con espacios de circulación, estacionamientos e infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo.
Uno de los aspectos destacados en la ordenanza es la incorporación de aproximadamente 6.726 metros cuadrados de espacio verde público, además de otras superficies verdes internas y sectores destinados al uso comunitario.
Desde el punto de vista urbanístico, el Concejo Deliberante consideró que el emprendimiento podría contribuir a generar una nueva centralidad comercial, complementaria a las zonas donde actualmente se concentra buena parte de la actividad económica.
Una inversión millonaria y hasta 390 empleos durante la construcción
Entre los argumentos utilizados para respaldar la declaración de interés público aparece la magnitud de la inversión prevista, que alcanzaría aproximadamente US$37.700.000, financiados mediante capitales privados.
La documentación también proyecta una generación de entre 270 y 390 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, aunque no establece todavía un cronograma definitivo para el inicio y finalización de las obras.
A estos empleos se sumarían posteriormente los puestos permanentes vinculados con el funcionamiento del supermercado, los locales comerciales, los servicios y las diferentes actividades que integren el desarrollo.
La iniciativa fue considerada urbanísticamente viable por el Poder Ejecutivo Municipal mediante la Resolución N° 1101/2026, que permitió remitir las actuaciones al Concejo Deliberante para continuar con el tratamiento correspondiente.
El terreno seguirá siendo propiedad de la Municipalidad
Uno de los puntos centrales de la ordenanza establece que el Municipio de Cipolletti conservará la propiedad del terreno, incluso si finalmente se concreta el emprendimiento comercial mediante inversión privada.
La normativa contempla la posibilidad de instrumentar una concesión de uso, un derecho real de superficie u otra figura jurídica compatible, que permita desarrollar y explotar comercialmente el predio durante un período determinado.
Esto significa que las empresas que eventualmente resulten seleccionadas podrían obtener derechos temporales para construir y utilizar las instalaciones, pero sin adquirir la titularidad definitiva de las tierras municipales involucradas.
Una vez finalizado el vínculo contractual, la Municipalidad recuperará la plenitud de las facultades sobre el inmueble, con la incorporación o reversión de las construcciones, instalaciones y mejoras permanentes según las condiciones que se establezcan.
El Concejo consideró especialmente importante este mecanismo porque permitiría aprovechar una inversión privada para desarrollar infraestructura sin desprenderse de un inmueble que continuará formando parte del patrimonio de los cipoleños.
Qué aprobó el Concejo Deliberante y cuáles son los próximos pasos
La Ordenanza de Trámite N° 011/2026 establece diez artículos que regulan el avance administrativo de la iniciativa, los derechos de las empresas que presentaron la propuesta y las obligaciones que deberá cumplir el Municipio.
El primer artículo declara formalmente de interés público el proyecto integral, mientras que el segundo determina que la selección del eventual desarrollador deberá realizarse mediante un Concurso de Proyectos Integrales.
Este procedimiento deberá contar con una convocatoria pública y abierta, permitiendo que otros interesados presenten alternativas dentro de los objetivos, requisitos mínimos y condiciones generales que establezca la Municipalidad.
La elección de esta modalidad permitirá evaluar no solamente las ofertas económicas, sino también la calidad arquitectónica, la integración urbana, los espacios comunitarios, las inversiones comprometidas y los plazos de ejecución.
Sin embargo, INC S.A. y Planet Partners Development S.A. tendrán derechos especiales por haber presentado originalmente la iniciativa, conforme a los artículos 75 y 76 de la Ordenanza de Fondo N° 415/2020.
Entre esos beneficios se encuentra la prioridad ante ofertas equivalentes y, en caso de no resultar seleccionadas inicialmente, la posibilidad de mejorar o al menos igualar la propuesta elegida dentro del plazo legal.
La normativa exige que estas condiciones sean informadas desde el comienzo del concurso, para garantizar que todos los participantes conozcan las reglas aplicables y los derechos reconocidos a las firmas iniciadoras.
Qué aspectos todavía deberán definirse
Aunque la publicación representa un avance institucional para el desarrollo comercial, el Concejo Deliberante aclaró expresamente que todavía existen cuestiones fundamentales que deberán resolverse antes de cualquier adjudicación definitiva.
Entre ellas aparecen el plazo de utilización del terreno, el canon que eventualmente deberá abonarse al Municipio, las contraprestaciones económicas, las inversiones mínimas exigidas y el cronograma de ejecución de las obras.
Tampoco quedaron aprobados definitivamente los parámetros urbanísticos particulares ni el proyecto ejecutivo, aspectos que deberán determinarse durante las próximas etapas del procedimiento y en la documentación correspondiente al concurso.
El artículo noveno dispone que las actuaciones regresen al Poder Ejecutivo Municipal, que tendrá la responsabilidad de elaborar las bases, aprobar la documentación y avanzar con la convocatoria pública para seleccionar la mejor propuesta.
