Dijo que el hombre es celoso y al entererarse de su nueva relación comenzó a molestarla. El drama ocurre en Balsa Las Perlas, donde la Justicia de Paz ordenó medidas para protegerla.
Una vecina de Balsa Las Perlas denunció a su ex pareja por hostigamientos y amenazas y pidió ayuda porque tiene miedo. La presentación la realizó el último viernes en la Subcomisaría 82 del poblado cipoleño. En su relato, describió que el acusado, identificado como LGJ, pasa frente al domicilio donde vive con su nuevo novio, y le grita insultos y amenazas, entre otros agravios.
Destacó que ya fue víctima de su conducta hostil, porque durante el tiempo que estuvieron juntos se registró “un historial de hechos de violencia”, y advirtió que tiene miedo que aumente la agresividad, porque el sujeto es celoso y que al enterarse que ella inició una nueva relación afectiva “comenzó nuevamente a molestarla”.
La denuncia se encuadró en lo que dispone la Ley 3040 (de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares), por lo que fue elevada para continuar el proceso al Juzgado de Paz local, a cargo de Laura Pino, quien dictó medidas por el término de 90 días para proteger a la mujer.
La Jueza sostuvo que se encuentra “en un estado evidente de vulnerabilidad frente al victimario en razón del género, grupo especialmente protegido por Nuestra Constitución Nacional y los Instrumentos de Derechos Humanos en ella enumerados con mismo rango”.
En primer lugar, ordenó la prohibición de acercamiento del hombre al domicilio de la denunciante, a no menos de 500 metros, mientras que también deberá mantener una “distancia prudencial” donde se encuentren o transiten, ya sean sitios públicos como privados.
Además, le advirtió a LGJ que tampoco la debe hostigar, agredir o molestar mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o por rede sociales. Le aclaró la magistrada que en caso de incumplimiento podrá recibir como sanción una multa económica o la realización de trabajos comunitarios, e incurrir en un delito por desobediencia a la autoridad, por lo que intervendrá el Ministerio Público Fiscal.
En tanto, ambos deberán presentarse en un hospital u otro establecimiento de salud para que evalúen en las áreas de salud mental si requieren iniciar tratamiento psicológico, cumplimiento que deberán certificar.
La resolución también establece elevar las actuaciones al Juzgado de Familia, donde le deberán dar continuidad. Les anticiparon a ambos que en esa instancia tendrán que contar con el asesoramiento de un abogado particular, y que en caso de no contar con recursos económicos suficientes podrán requerir el acompañamiento de un defensor oficial en la CADEP - Centros de Atención de la Defensa Pública-.
En tanto que, ante posibles incumplimientos a lo ordenado, el dictamen incluye que se deberá solicitar el auxilio de la fuerza pública y que en caso de urgencia comunicarse telefónicamente con la Subcomisaría 82.