Los gremios SOYEM, ATE y UPCN le pidieron al Municipio que trabaje con Provincia para enfrentar el preocupante aumento de los llamados "consumos problemáticos".
Ante el avance de los llamados "consumos problemáticos" en el conjunto de la sociedad, gremios con actuación en la comuna le solicitaron al intendente Rodrigo Buteler la firma de un convenio con la agencia provincial especializada en el tema para un mejor abordaje y tratamiento de las preocupantes situaciones implicadas y su impacto social y laboral.
La entidad rionegrina responsable de la problemática es la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), creada por la ley 5151, de 2016, con la misión de garantizar una política integral y sistemática en lo relativo a sus competencias. La APASA depende del Ministerio de Salud de la Provincia.
De acuerdo con información del propio organismo, "los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional, operador y/o técnico de la salud".
En nota dirigida al intendente Rodrigo Buteler, los gremios SOYEM, ATE y UPCN, "en representación de los trabajadores municipales", le manifiestan al jefe comunal "nuestra profunda preocupación ante el avance de las situaciones de consumo problemático, una realidad impactante que atraviesa de manera creciente a la sociedad y cuyos efectos se reflejan directamente en los distintos entornos de la vida cotidiana y laboral".
En consecuencia, "solicitamos formalmente a la Municipalidad de Cipolletti la incorporación y/o firma de un convenio de colaboración con la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de Río Negro".
Según los gremios, "los consumos problemáticos afectan de manera directa el desenvolvimiento de la planta laboral, generando diversas dificultades", entre las que enumeran el incremento del ausentismo laboral y las tardanzas reiteradas, junto con el deterioro del desempeño, la disminución de la productividad y dificultades de concentración de los empleados eventualmente afectados.
Otras dificultades mencionadas son el aumento de riesgos de accidentes de trabajo y de fallas de seguridad, además del deterioro del clima laboral y el surgimiento de tensiones y conflictos vinculares interpersonales con pares y superiores en la escala jerárquica del Municipio.
Los gremios consideran que abordar las consecuencias de los consumos problemáticos "desde una perspectiva meramente punitiva, mediante sanciones disciplinarias o cesantías, lejos de solucionar la problemática, la profundiza".
Al respecto, refiere que las respuestas sancionatorias pueden desembocar en la exclusión y vulnerabilidad extrema de quienes padecen de estos tipos de consumos, ya que, por caso, "despedir a una persona que atraviesa esta situación elimina su red de contención económica y social, agravando su cuadro de salud".
Además, se puede caer en "la invisibilización del problema", puesto que "el temor a ser sancionado u ocultar la situación impide la solicitud temprana de ayuda".
Al final, la desvinculación de trabajadores por estas causas derivarán en una "pérdida de capital humano", con el claro perjuicio de que "se prescinde de la experiencia del trabajador en lugar de promover un proceso de rehabilitación y reinserción".
Los gremios SOYEM, ATE y UPCN destacan el trabajo que viene desarrollando la Provincia en la materia, a través del Ministerio de Salud y APASA. Sobre el particular, ponen de relieve el convenio firmado en agosto pasado entre la APASA y el IPROSS, ya que demuestra "un marco de acción concreto".
Las organizaciones sindicales enfatizan que el Municipio debería replicar los "ejes clave" del acuerdo de la APASA y el IPROSS, que incluyen aspectos como la prevención y detección temprana de los consumos problemáticos, para lo que se debe contar con la capacitación y las herramientas necesarias, a los fines de que las áreas de Recursos Humanos, el personal y la parte gremial detecten "oportunamente estas situaciones".
También se prevé una guía de procedimientos e intervención, de la que, incluso, ya se dispone gracias a un decreto provincial en vigencia, el que permite "garantizar abordajes integrales, interdisciplinarios y de respeto a los derechos de las personas".
A la vez, en el acuerdo de APASA e IPROSS se contempla una asistencia integral, con un "acompañamiento en el ámbito psicológico, social y psiquiátrico a través de equipos especializados", junto con la creación de espacios de escucha y de una Red de Preventores, que son "ámbitos de contención para solicitar orientación sin estigmas ni prejuicios".
Los gremios sostienen que el Municipio "debe ser un ámbito pionero en el cuidado, la protección de la salud laboral y el acompañamiento de sus trabajadores", por lo que se pronuncian por "la pronta gestión e implementación" del "convenio institucional" con APASA.