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Conflicto en Correo Argentino: reincorporaron a los despedidos y se suspendió el paro de 48 horas

El gremio que agrupa a los trabajadores del Correo Argentino suspendió el paro. Sin embargo, anticipó que no se resolvieron todos los reclamos y continúa en alerta.

El clima de tensión que rodeaba al Correo Argentino registró un giro significativo este fin de semana. Tras una serie de negociaciones de último momento, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la empresa estatal confirmó la suspensión del paro nacional que estaba previsto para el lunes 4 y martes 5 de mayo por los despidos de trabajadores.

La decisión se informó luego de que la patronal aceptara una de las demandas más urgentes de la organización gremial: la restitución de los empleados cesanteados en los últimos días.

Rafael Troppa, referente gremial de los trabajadores del correo en la región de Río Negro y Neuquén, fue el encargado de oficializar la medida. Según explicó el dirigente, la tregua se alcanzó tras una reunión clave mantenida el pasado jueves entre los representantes de la compañía y la Federación que agrupa a las diversas seccionales del país.

El punto de inflexión fue el compromiso de la empresa de dar marcha atrás con los despidos que habían puesto en alerta a todo el sector postal.

Correo Argentino: telegramas, despidos y tensión

La crisis estalló cuando el gremio denunció una ola de despidos que alcanzó a cerca de 400 trabajadores en todo el territorio argentino. De esa cifra, 10 de las cesantías impactaron directamente en la zona del Alto Valle y sus alrededores. Los representantes de los trabajadores calificaron estas medidas como "arbitrarias", denunciando que se produjeron en un clima de hostilidad laboral y sin causas justificadas que respaldaran la desvinculación del personal.

Más allá de la estabilidad laboral, el reclamo gremial pone el foco en la crítica situación salarial. Troppa detalló que el sueldo promedio de un empleado del sector ronda actualmente los 700 mil pesos, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida actual.

"Queremos trabajar, pero también vivir dignamente con un sueldo que permita mantener a la familia", afirmó el referente, subrayando la urgencia de abrir negociaciones paritarias formales. Actualmente, los aumentos se definen de manera unilateral por parte de la empresa, lo que anula la capacidad de negociación colectiva.

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El impacto en el servicio y las oficinas cerradas

Uno de los aspectos más preocupantes de este conflicto es el cierre de sucursales en pequeñas localidades del interior. El sindicato advirtió que la reducción de personal ha paralizado oficinas en puntos estratégicos como Mainqué, Cervantes y Senillosa. Esta situación no solo afecta a los empleados, sino que deja a comunidades enteras sin un servicio esencial.

La falta de atención operativa obliga a los vecinos a recorrer decenas de kilómetros hacia ciudades más grandes para poder retirar encomiendas, enviar correspondencia o realizar trámites que antes resolvían en su localidad. Desde el gremio resaltaron una diferencia fundamental entre el servicio público y el privado: "El correo privado no llega a muchos lugares donde no hay rentabilidad. El correo estatal cumple una función social fundamental", sostuvieron, enfatizando que el Estado debe garantizar la conectividad incluso en zonas donde el negocio no es lucrativo.

Un llamado a la defensa del Correo Argentino

A pesar de que la suspensión de la medida de fuerza trae alivio inmediato para el normal funcionamiento de las entregas y trámites, el conflicto no está cerrado. El sindicato hizo un llamado abierto a vecinos, intendentes y dirigentes locales para involucrarse en la defensa del correo. Consideran que la continuidad de cada oficina es una herramienta de soberanía y comunicación para los pueblos del interior.

De cara al futuro, el gremio adelantó que se mantendrán en estado de alerta permanente. Los ejes de la lucha continuarán siendo la mejora de las condiciones salariales, la incorporación de personal necesario para cubrir las vacantes y, por sobre todo, las garantías de que no se produzcan nuevos recortes que pongan en riesgo la prestación del servicio en todo el país. Por ahora, el diálogo ha logrado frenar la parálisis, pero la solución definitiva depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa.