El STJ avanzó con la licitación y recomendó adjudicar los trabajos a una firma local. El edificio ya tiene 70% de avance y restan etapas clave para finalizarlo.
El proceso para completar una de las obras públicas más relevantes del sistema judicial en el Alto Valle dio un nuevo paso. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) avanzó en la licitación para terminar el Complejo Judicial Cipolletti y la comisión de preadjudicaciones recomendó adjudicar los trabajos tras analizar las ofertas y aplicar criterios establecidos en la normativa provincial.
La decisión se enmarca en la licitación pública Nº 48/2025, cuyo objetivo es culminar el edificio judicial que actualmente presenta un 70% de avance.
Se trata de una infraestructura clave para reorganizar el funcionamiento del servicio de justicia en la ciudad, donde hoy muchas dependencias operan en distintos inmuebles, varios de ellos alquilados.
En una primera instancia, dos de las empresas cumplieron con los requisitos formales exigidos en el pliego, mientras que la restante debió subsanar documentación vinculada a aspectos administrativos. Sin embargo, el análisis técnico posterior fue determinante.
Según el informe elaborado por las áreas especializadas del Poder Judicial, una de las ofertas presentó inconsistencias en la estructura de costos, particularmente en la forma de cálculo del precio final. Se detectó una duplicación en la aplicación de un coeficiente, lo que impactó directamente en el monto total ofertado. Esta situación derivó en que la propuesta fuera considerada inadmisible para la adjudicación.
De esta manera, quedaron en evaluación dos ofertas que sí cumplían con los requisitos técnicos y económicos. Ambas resultaron admisibles y con una diferencia mínima entre sí, lo que obligó a aplicar otros criterios de selección.
Ante la paridad entre las propuestas válidas, la comisión de preadjudicaciones aplicó el régimen de compre rionegrino, una herramienta que prioriza la contratación de empresas radicadas en la provincia, siempre que acrediten capacidad técnica suficiente para ejecutar obras públicas.
Bajo ese criterio, se resolvió aconsejar la adjudicación a la empresa Roque Mocciola SA, al considerar que su oferta resultó la más conveniente para los intereses del Poder Judicial, en línea con la normativa vigente.
La recomendación no implica aún la adjudicación definitiva. El proceso continuará con una serie de instancias administrativas, que culminarán con la firma del contrato y el inicio formal de los trabajos pendientes.
El complejo judicial de Cipolletti es una de las obras más esperadas en la región. Su finalización permitirá concentrar múltiples organismos en un mismo edificio, mejorar las condiciones de trabajo y optimizar la atención al público.
Actualmente, el avance del 70% refleja que gran parte de la estructura ya está ejecutada, pero restan tareas fundamentales para su puesta en funcionamiento, lo que hace indispensable la continuidad de la obra.
El avance del complejo judicial se inscribe en una política más amplia del STJ orientada a fortalecer la infraestructura propia del Poder Judicial y reducir la dependencia de inmuebles alquilados.
Según datos oficiales, el Poder Judicial de Río Negro ocupa actualmente 67.078 metros cuadrados en toda la provincia. De ese total:
Si bien la mayoría de la superficie ya pertenece al organismo, casi un tercio de los espacios utilizados continúa en alquiler, lo que representa un costo sostenido para la administración.
En ese contexto, la estrategia apunta a transformar metros alquilados en metros propios, mediante la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y refacciones.
Además del complejo de Cipolletti, el Poder Judicial impulsa otras obras en distintos puntos de la provincia. Entre ellas se destacan: la continuidad del Complejo Judicial de El Bolsón, la proyección de nuevos edificios en San Antonio Oeste y Choele Choel, refacciones en sedes judiciales y Juzgados de Paz en varias localidades y la readecuación de edificios existentes, como el de España y Urquiza en Cipolletti.
Este proceso de expansión se refleja también en el crecimiento de la superficie ocupada por el Poder Judicial. En 2013, el organismo contaba con 47.566 metros cuadrados, mientras que en 2025 alcanzó los 67.078 metros cuadrados, lo que implica un incremento de 19.512 metros cuadrados en poco más de una década.