Gran expectativa ha generado la presentación de un proyecto de Ley de Financiamiento del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares.
Con la reciente presentación en el Congreso de la Nación de un proyecto de Ley de Financiamiento del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, se procura disponer de fondos permanentes para obras y trabajos de infraestructura en los más de 6.400 barrios populares registrados de la Argentina, incluidos más de 250 existentes en Río Negro.
En Cipolletti, son más de 50 las barriadas reconocidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en algunas de las cuales se han efectuado avances hacia la regularización, en tanto que en otras los progresos son más modestos o escasos.
Si se incluye a Las Perlas, sector poblacional perteneciente al ejido urbano cipoleño, el número de barrios populares de Cipolletti se acrecienta mucho más, ya que en la comunidad perlense hay 17 barrios.
El proyecto de Financiamiento del Régimen de Integración Socio Urbana fue preparado e impulsado por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que integra, como referente destacada, la dirigente social y barrial cipoleña Lilia Calderón.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo de 11 bloques de la Cámara de Diputados de la Nación, con lo que ya hay más de 140 diputados dispuestos a acompañar y respaldar su tratamiento. En la Mesa Nacional consideran que se está ante un "acuerdo histórico" en la Cámara Baja, que actualmente presenta una gran fragmentación política.
El apoyo lo han expresado dirigentes de Coalición Cívica, Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Provincias Unidas y otros siete espacios político-partidarios.
El objetivo está puesto en que el contenido de la la propuesta sea incorporado en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027 que presentará en breve el Poder Ejecutivo de la Nación.
En lo central, la iniciativa socio urbana procura establecer la disponibilidad de fondos para los barrios populares por un período de diez años, desde 2027 a 2036. Los fondos permitirían garantizar una adecuada infraestructura en materia de suministro de agua y de electricidad y la construcción de calles y veredas, además de facilitar el acceso de los pobladores a una vivienda digna.
Otro aspecto clave es que para garantizar el cumplimiento y vigencia de la ley propuesta no se prevé la creación de impuestos nuevos, sino establecer una prioridad permanente dentro del Presupuesto Nacional. Solo con asegurar un 0,0375 por ciento del Presupuesto del año que viene se podría alcanzar las metas propuestas. Lo que se busca es contar con un financiamiento estable y progresivo.
El proyecto sale al cruce de una triste realidad, que no es otra cosa que el desfinanciamiento que padece la actual Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación en los últimos años. Esto ha redundado en la paralización de obras y diversos emprendimientos en los barrios populares, lo que ha generado profunda preocupación y malestar entre los habitantes de tales núcleos poblacionales.
Los números dan cuenta de que en 2023 los fondos para obras en las barriadas alcanzaron los 171.863 millones de pesos, en tanto que en lo que va de 2026 solamente se han invertido 3.336 millones de pesos.
Con ello, se paralizaron o frenaron obras en los 6.467 barrios populares que hay registrados en la Argentina, lo que ha supuesto un duro golpe para las expectativas y necesidades de las más de 5.000.000 de personas que viven en ellos, entre las cuales 1.7000.000 son niñas y niños.
La dirigente Lilia Calderón destacó la trascendencia del proyecto presentado en el Congreso de la Nación y dijo que cada dirigente y militante de la Mesa Nacional de Barrios populares asumió el compromiso de dialogar con los diputados y senadores de sus respectivas provincias para asegurar el éxito de la iniciativa.