Los habitantes del Barrio Obrero A ya tienen un millón de pesos en un banco para utilizar como base para hacerse cargo, en términos monetarios, de la expropiación de las tierras del asentamiento.
Alrededor de 400.000 pesos son fondos que han ido ahorrando los propios vecinos, en tanto que los 600.000 pesos restantes corresponden a aportes de organizaciones no gubernamentales.
La cifra puede seguir incrementándose, ya que los pobladores tienen la voluntad de pagar por los predios donde han levantado sus viviendas.
Así lo expresó la referente Lilia Calderón, quien enfatizó, sin embargo, que los fondos serán utilizados únicamente para el proceso de expropiación que se está impulsando y no se utilizará, de ningún modo, para llegar a un acuerdo con Carlos Romero, ya que en la toma no lo reconocen como propietario de las tierras.
“Nosotros tenemos una causa judicial contra Romero, y si la Justicia comprueba que no es el dueño, tenemos la intención de hacerles juicio al juez Alejandro Cabral y Vedia y al Municipio”, manifestó la dirigente.
En el caso del magistrado, la acción legal se llevaría a cabo por haber llegado hasta el presente con su pedido de desalojo del barrio por los reclamos de Romero. En cuanto a la comuna, se la denunciaría por su insistencia en que los vecinos negocien con quien ha planteado ser dueño, a pesar de haber sido denunciado por no contar con los papeles necesarios.
A todo esto, Calderón indicó que junto con otros vecinos concurrirán mañana a la primera reunión de comisión del Concejo Deliberante, en la que se empezará a evaluar la declaración de utilidad pública de las tierras.
Esta iniciativa es fundamental para que, de ser aprobada, la Legislatura pueda avanzar y dar vía libre a la expropiación del predio del asentamiento.
Los pobladores esperan que la propuesta avance lo más rápido posible, puesto que ya son muchos años y muchas las luchas y gestiones que han concretado para poder regularizar sus lotes y conseguir la urbanización definitiva.
Además, si se llegara a expropiar las tierras, sería un antecedente para otras tomas que existen en la ciudad, donde también se viene exigiendo una respuesta a sus necesidades más elementales.
Afinan detalles de un relevamiento
Está casi todo listo para que entre el 3 y el 13 de octubre se realice en la región el relevamiento de los asentamientos irregulares que impulsan en conjunto el gobierno nacional y organizaciones sociales representativas de los ocupantes de tierras. En la ciudad, la iniciativa se concretará a instancias del Foro por la Tierra y la Vivienda y el Movimiento Popular La Dignidad. Aunque a nivel oficial no se estaría dando demasiada información sobre la propuesta, se conoció que los censistas cipoleños ya habrían sido elegidos y cobrarían 40 pesos por cada entrevista hogareña. Los datos recabados se transmitirían a los organismos procesadores a través de una aplicación especial para celulares.