Weretilneck le respondió a la Uocra: "Llevamos mil obras"

Los afiliados al gremio Uocra cortaron la ruta el martes para manifestar su malestar por la falta de demanda laboral del sector público. Denunciaron que no hay proyectos provinciales en marcha y se fueron esperando “una respuesta de la Provincia”.

El gobernador Alberto Weretilneck se refirió al reclamo ayer, en su paso por Cipolletti, y cruzó al sindicato. “Llegamos a las mil obras desde que asumí como gobernador”, manifestó el mandatario al ser consultado por los cuestionamientos del gremio de la construcción.

Weretilneck reconoció que hubo conflictos con la Ciudad Judicial, que demandará casi 100 puestos laborales, pero defendió la gestión en cuanto a la puesta en marcha de diferentes proyectos.

A pesar del cruce con los dirigentes, Weretilneck intentó llevar tranquilidad a los afiliados y aseguró que el Ejecutivo intenta destrabar la obra de la Ciudad Judicial que se construirá en la calle Naciones Unidas, asegurando que los fondos están a disposición.

“En las cuestiones matemáticas siempre hay algo que sale mal. Lo de la Ciudad Judicial de Cipolletti no salió porque tuvimos problemas. Estamos en la semana de la rescisión del contrato con la empresa por mutuo acuerdo. Hay responsabilidades de la Provincia y de la empresa”, manifestó Weretilneck respecto de la obra que ya debería tener más de un año en ejecución y apenas completó el cercado del predio y un mínimo movimiento de suelos, que ya no sirve porque el terreno es igual a cualquier otro baldío cipoleño.

“La decisión es rescindir el convenio esta semana y llamar a una urgente licitación para arrancar antes de fin de año. Los fondos son de los contratos petroleros, y son fondos que están resguardados, por lo que no habrá inconvenientes”, comentó Weretilneck en diálogo con LU19.

Tanto la Uocra como el Ejecutivo calculan que el desarrollo de la Ciudad Judicial demandará al menos 90 puestos de trabajo. Se trata de un edificio de 11.170 metros cuadrados, con un presupuesto original de 307 millones de pesos y 900 días de plazo de ejecución. La duda en el Poder Judicial es cuánto aumentará el costo del trabajo por la inflación ante el tiempo perdido y cómo la inflación puede afectar el desarrollo del proyecto.