{# #} {# #}
Gustavo Arroyo - arroyog@lmneuquen.com.ar
Esta semana no será una más para un gran número de presos de cárceles valletanas y los responsables del Servicio Penitenciario Provincial, que mantienen un tironeo importante en cuanto al reclamo de excarcelaciones ante el temor provocado por el COVID-19. La situación no es exclusiva de los penales rionegrinos, pero en el Alto Valle tiene la particularidad de criterios disímiles a la hora de las definiciones de los jueces de Ejecución Penal.
En las próximas 48 horas, por ejemplo, los responsables del Servicio Penitenciario deberán entregar al juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos un completo informe sobre las medidas de prevención adoptadas en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de General Roca, además de un plan de contingencia ante la posibilidad de aparición de casos sospechosos de coronavirus.
En tanto, tienen un poco más de plazo para realizar una completa revisación médica de los presos a los que consideran vulnerables y que podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. La comunicación se llevó a cabo el martes pasado, y el miércoles o jueves de esta semana el juez debería recibir el detalle de los internos y sus actuales cuadros de salud. Después, se fijarán las audiencias para comunicar lo resuelto.
De acuerdo con fuentes judiciales, la respuesta de Chirinos tiene directa relación con una serie de habeas corpus impulsados por varios internos que buscan acceder al beneficio del arresto domiciliario argumentando que su salud corre peligro dentro del penal ante la pandemia del COVID-19.
Por otro lado, el juez ordenó que de inmediato se habilite a los detenidos de la cárcel roquense a utilizar teléfonos celulares con servicio de internet. "Permitir el ingreso de teléfonos, del tipo que sea, con registro de modelo, número de línea y de IMEI", precisó el magistrado.
Otro punto en que hizo hincapié Chirinos fue la atención psicológica no solo para los internos sino también para los agentes penitenciarios. En este caso, debido a las restricciones por la cuarentena, se había interrumpido este servicio.
Lo particular de la resolución del juez roquense es que se da en el marco de informaciones difundidas desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, donde se garantiza la aplicación de un estricto protocolo preventivo en la totalidad de las cárceles rionegrinas. De hecho, el director del Servicio Penitenciario, Hugo Cecchini, había adelantado a este medio que se estaba trabajando muy bien y respetando las normativas de Salud Pública.
Considerando que las restricciones se pueden estirar más allá de Semana Santa, es una incógnita lo que resolverá Chirinos y si habilitará a los presos que presentaron habeas corpus a irse a sus casas. Hasta ahora, tanto el juzgado de Ejecución de Cipolletti como sus pares de la órbita federal se pronunciaron de forma negativa a estos pedidos.
Al criterio del juez de Ejecución roquense se opone abiertamente su par de Cipolletti, Lucas Lizzi, quien hasta ahora se pronunció contrario a las excarcelaciones y determinó que las presentaciones de los presos tienen que estar muy bien fundamentadas, con un detalle médico completo de su actual estado de salud.
Por este motivo, algunos defensores particulares y oficiales están insistiendo para lograr beneficios y plantearon que hay problemas para los insulinodependientes. La intención es reiterar los pedidos ante distintas instancias.
En Cipolletti, sin beneficios
Al criterio del juez de Ejecución roquense se opone abiertamente su par de Cipolletti, Lucas Lizzi, quien hasta ahora se pronunció contrario a las excarcelaciones y determinó que las presentaciones de los presos tienen que estar muy bien fundamentadas, con un detalle médico completo de su actual estado de salud.
Por este motivo, algunos defensores particulares y oficiales están insistiendo para lograr beneficios y plantearon que hay problemas para los insulinodependientes. La intención es reiterar los pedidos ante distintas instancias.
La campaña "un codito para el hospital" ya logró recaudar casi medio millón