Entre suspensiones y bajas, hay 50 personas que ya no cobran la pensión no contributiva por invalidez en Cipolletti, la mayoría porque su disminución física o intelectual no llega al 76 por ciento que exige la comisión nacional para acceder al beneficio.
En las últimas horas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aseguró que dará marcha atrás con el ajuste, pero en el Municipio no se recibió ninguna comunicación oficial que despeje las dudas.
Hasta ayer, las trabajadoras sociales del área de Pensiones se encontraban expectantes. Es que los cambios son permanentes y todavía no han recibido instrucciones sobre cómo proceder.
Por eso, tampoco sabían con seguridad si el mensaje de la ministra Carolina Stanley alcanza a la totalidad de las pensiones que fueron suspendidas o dadas de baja en mayo, o sólo aplica en los casos donde se cometió un error de criterio. Ni había certezas respecto de cuándo se restablecerá el cobro. Stanley dijo que será la semana que viene.
Más allá de las dudas que se ciernen en torno a la quita, lo concreto es que en Cipolletti el personal que se ocupa de estos trámites detectó en sus planillas diarias que 24 habían sido suspendidas porque sus titulares no acreditaban el porcentaje de discapacidad reglamentado por la Comisión Nacional de Pensiones, del 76 por ciento o más, certificado por un médico.
El criterio es el mismo de siempre, pero antes se tenía en cuenta, además, la situación familiar y socioeconómica de la persona que solicitaba una pensión de este tipo. Entonces podía ocurrir que no llegara a reunir ese porcentaje de discapacidad, pero igual accediera a una pensión porque se tenía en cuenta que no tuviese trabajo o que tuviese niños a cargo y si su situación general era de gran vulnerabilidad. “Se otorgaban porque su situación era complicada aunque no reuniese el porcentaje reglamentario. Y eso no quiere decir que eran mal otorgadas”, sostuvo la responsable del área de Pensiones, Dora Mustafa.
Esto es lo que, al parecer, ahora no se ha tenido en cuenta al aplicar el criterio con rigurosidad, prescindiendo de otras circunstancias desfavorables. Por eso, hombres y mujeres que hasta hace unos meses cobraban una pensión sin acreditar necesariamente el 76 por ciento de invalidez, de golpe y sin previo aviso dejaron de percibirla.
Sin embargo, no todo está dicho para ellos, pues como son suspensiones, Mustafa dijo que pudieron tramitar nuevamente la rehabilitación de la pensión, teniendo en cuenta que la gran mayoría son personas que viven sólo de ese ingreso, no consiguen trabajo y tienen niños a cargo. Es decir, su situación socioeconómica es de extrema precariedad.
También tienen chances de volver a cobrar una pensión los seis vecinos que sufrieron una suspensión por que tenían a su nombre un auto del 2013 en adelante, aunque el bien fuese de un familiar. “Esto es nuevo, empezó a pasar el año pasado, antes no era un impedimento para cobrar una pensión”, evaluó Mustafa. Para revertir la situación de estas personas, Nación exige que hagan la transferencia.
Bajas
Después figuran 17 bajas porque el cónyuge accedió a una jubilación, otro de los criterios históricos que fija la comisión nacional. En teoría, a diferencia de los casos suspendidos, no serán restablecidas; y si la pareja legamente casada ya está separada, tendrán que hacer el divorcio para reclamar el cobro.
Finalmente, se llega a los 50 casos porque se contempla la situación de tres adultos mayores que no necesitan recibir más una pensión por vejez, ya que están en condiciones de acceder al PUAM, por un monto mayor, y en estos casos Nación directamente hizo el traspaso.
Todos los trámites que el Municipio está cursando para restablecer el cobro de una pensión son evaluados por Nación, que tendrá la última palabra y puede llevar hasta seis meses. Las gestiones se realizan en Primera Junta y Ceferino Namuncurá, de 8 a 13, de lunes a jueves.
“No cambiaron los criterios, pero nunca habíamos visto suspensiones de este tipo. Sólo en los casos en que los titulares de una pensión figurasen como trabajadores”. Dora Mustafa. Responsable de Pensiones del municipio
6080 es el monto mensual que se acreditaba por pensiones.
Las pensiones por incapacidad laboral o discapacidad en Cipolletti equivalen a $6080 porque integra la zona desfavorable. A esto se le puede sumar el pago de asignaciones familiares.
17 vecinos no podrían recuperar el beneficio.
En la Muni son pesimistas respecto de los casos en los que las pensiones fueron dadas de baja en lugar de ser suspendidas. Aunque los afectados igual podrán hacer reclamos.
Criterio: Los discapacitados afectados no llegan a la fría cifra de 76% de incapacidad que les exigen.
Polémica, reclamo y pedido de informes
La decisión del gobierno nacional generó una catarata de críticas, anuncios de amparos colectivos y la insistencia en el pedido de datos oficiales sobre las pensiones para las personas con discapacidad. Aunque no está claro cómo y cuándo se reactivarán, la ministra Carolina Stanley prometió revisar “caso por caso” la situación de los afectados.
“Quiero llevarles tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión que merecen y necesitan de que no vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones, se está tratando de usar el tema política y malintencionadamente. Las van a seguir teniendo”, dijo la ministra luego de las denuncias por recortes.
Sin embargo, hasta ahora no se precisó si se utilizará sólo como parámetro el informe médico o se contemplará la situación de vulnerabilidad social de quienes no llegan al 76% de incapacidad que exige la norma.
“Cada uno de los casos que fue un error nos duele, pero tenemos responsabilidad como Estado de luchar contra las mafias y el clientelismo”, sostuvo Stanley.
Por su parte, los diputados nacionales esperan un detalle oficial sobre cuántas pensiones no contributivas por discapacidad fueron requeridas desde enero de 2016 a la fecha, cuántas fueron dadas de baja y detalles sobre la política que viene desarrollando el ministerio para ese sector de la comunidad. Con los datos en mano habría una nueva ofensiva para que se repongan los casos que se consideren injustos o se impulsarían amparos judiciales de los afectados.