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Se reunieron para que se prorrogue la prohibición de los desalojos

Integrantes del Foro por la Tierra y la Vivienda se reunieron en la plaza San Martín para reclamar modificaciones en la ley de barrios populares. La norma se vence este mes y en octubre podrían volver los desahucios de asentamientos.

Se llevó a cabo este miércoles en la plaza San Martín, una asamblea pública con participación de dirigentes y habitantes de los barrios que participan del Foro por la Tierra y la Vivienda. La actividad se concretó para apurar el tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto que busca modificar la ley de regularización de los barrios populares del país, en particular, para que se prorrogue la prohibición de desalojar los asentamientos judicializados.

En el encuentro, participó un nutrido grupo de vecinalistas y pobladores, que se dieron cita en el centro de la ciudad para exteriorizar sus inquietudes y en respuesta al llamado que formuló la Mesa Nacional de Barrios Populares para que se exprese en las calles la inquietud del sector, puesto que la ley que los ampara, la 27453, caduca este mes, con lo que en octubre volverían los desahucios.

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En la jornada, se conoció que, finalmente y luego de muchas tramitaciones y demoras, la Cámara de Diputados le dio ingreso a la propuesta que impulsa diversos cambios en la normativa. Igual, el tiempo apremia, puesto que ya quedan solo dos semanas para la finalización de septiembre.

La referente Lilia Calderón expresó que, ante la inminencia de la caducidad, se están realizando gestiones para que el gobierno nacional intervenga en el asunto y por la vía que considere pertinente, por ejemplo, un decreto, extienda el período que prohíbe los desalojos de barriadas.

Indicó que en la región preocupa, en particular, la situación del asentamiento Huiliches, de Neuquén capital, sobre el que pesa una orden para echar a las 18 familias radicadas en el sector.

Manifestó que las acciones impulsadas por la Mesa Nacional tuvieron una alta participación en distintas localidades del país.

Entre los puntos que se procura introducir en la ley, figura el de una prórroga por diez años de la prohibición de desalojar, a la vez que se plantea la necesidad de declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares.

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