Una iniciativa privada para instalar 10 canchas de fútbol desató el rechazo vecinal. Denuncian impacto en el barrio y ya enviaron cartas documentos.
Un conflicto escala y suma tensión entre vecinos, el Municipio y un Centro de Jubilados y Pensionados. La instalación de canchas de fútbol en un predio estratégico derivó en intimaciones formales y la amenaza concreta de judicializar la obra.
La polémica se desató a partir de un proyecto que prevé la instalación de al menos diez canchas de fútbol en un terreno ubicado frente a la Ruta 22, en el acceso principal al barrio La Alameda. La iniciativa generó preocupación inmediata entre los residentes.
Un grupo de vecinos propietarios decidió avanzar con presentaciones formales contra la Municipalidad de General Roca y el Centro de Jubilados y Pensionados, titular del predio. Ya enviaron cartas documento a ambos organismos y aguardan respuestas.
Según advirtieron, si no obtienen precisiones ni garantías sobre el desarrollo del proyecto, avanzarán con acciones judiciales para frenar la obra.
El origen del conflicto, según relataron los vecinos, fue un movimiento de suelo que comenzó sin aviso previo en la calle La Bodega, principal acceso al barrio. La obra sorprendió a los residentes y encendió las primeras alarmas.
El abogado Nicolás Suárez Colman, uno de los vecinos que encabeza el reclamo, explicó en LU18 que la calle es angosta, sin veredas, sin cordón cuneta y sin iluminación adecuada. “De casualidad pasan dos vehículos”, describió.
En ese contexto, los vecinos aseguran que se enteraron de que el movimiento respondía a un proyecto vinculado a canchas de fútbol. Según señalaron, la iniciativa no pertenecería al Centro de Jubilados, sino a una inversión privada.
La escala del emprendimiento es uno de los puntos más cuestionados. Los residentes advierten que la llegada masiva de personas durante los fines de semana colapsaría la circulación vehicular y afectaría el descanso de las familias.
Frente a la preocupación, los vecinos mantuvieron un encuentro con autoridades municipales, incluida la intendenta María Emilia Soria. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron respuestas concretas sobre el proyecto.
Suárez Colman calificó la respuesta oficial como “extraña”, al señalar que desde el Ejecutivo afirmaron no haber recibido formalmente la iniciativa, pero al mismo tiempo manejaban detalles técnicos sobre su posible desarrollo.
Durante la reunión, según relató el vecino, se mencionó la posibilidad de exigir más sanitarios y espacios de estacionamiento a los inversores. Sin embargo, los residentes aseguran que nunca pudieron acceder al proyecto completo.
Esa aparente contradicción se convirtió en uno de los ejes del reclamo. Los vecinos sostienen que existe un “doble discurso” y sospechan que se estaría ocultando información sobre los actores privados detrás de la inversión.
El impacto sobre la infraestructura urbana es otro de los puntos críticos del conflicto. Los vecinos remarcan que la calle de acceso al barrio no está preparada para absorber el flujo de tránsito que generaría el complejo deportivo.
Como respuesta, el Municipio propuso la creación de una “zona buffer”, es decir, una franja de terreno sin uso entre el barrio y las futuras canchas. Sin embargo, los residentes consideran que la medida es insuficiente.
Según plantearon, esa alternativa no resuelve los problemas de circulación ni el incremento del ruido y la actividad durante los fines de semana. En ese sentido, insisten en que el proyecto es incompatible con la zona.
El conflicto también involucra directamente al Centro de Jubilados y Pensionados, propietario del terreno donde se desarrollaría el proyecto. La institución celebró este año su 50° aniversario en la ciudad.
De acuerdo al planteo vecinal, las tierras fueron donadas por el Estado nacional con un destino específico, que no contempla el desarrollo de actividades económicas como las previstas en el proyecto deportivo.
Esa condición es considerada por los vecinos como un límite legal “inquebrantable”. Por ello, sostienen que cualquier iniciativa de carácter comercial dentro del predio podría violar los términos de la donación.
Además, los vecinos dudan de que el propio Centro de Jubilados tenga capacidad económica para afrontar las obras en marcha. Esa situación refuerza la hipótesis de la existencia de inversores privados no identificados.
Ante la falta de respuestas, los vecinos avanzaron con la vía legal y enviaron cartas documento tanto al Municipio como al Centro de Jubilados. Según indicaron, hasta el momento no obtuvieron contestación formal.
En el caso de la entidad, advirtieron sobre las restricciones legales del predio y anticiparon que, de confirmarse una violación a la donación original, impulsarán acciones judiciales para frenar el emprendimiento.
La postura del grupo es, si no hay definiciones oficiales, acudirán a la Justicia. “Vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para impedir que se desarrolle toda esta actividad”, afirmaron.