Los descuentos consumían casi todo su sueldo y afectaban el tratamiento de su hija. La Justicia ordenó ponerles un límite de forma provisoria.
Durante 14 meses, un comisario de la Policía de Río Negro vio cómo su salario se reducía mes tras mes por descuentos vinculados a préstamos y otras retenciones. La situación llegó a un extremo inédito: después de trabajar todo junio de 2026, recibió un depósito de apenas un centavo.
El caso terminó en la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, que resolvió adoptar una medida cautelar para limitar provisoriamente los descuentos y evitar que la situación siguiera afectando la subsistencia de su familia.
Según la presentación judicial, el jefe policial tiene una hija con graves patologías neurológicas y motrices que requiere tratamientos permanentes de rehabilitación.
Con un ingreso prácticamente inexistente, la familia ya no podía afrontar el alquiler, los servicios, la alimentación ni sostener terapias complementarias como la equinoterapia y la natación terapéutica, fundamentales para la recuperación de la menor.
Los jueces entendieron que esa situación no solo comprometía el carácter alimentario del salario, sino también los derechos de la niña.
La documentación presentada en la causa mostró que, durante más de un año, las retenciones llegaron a absorber el 90,13% del sueldo del comisario.
El caso más llamativo ocurrió en junio de este año. Aunque su remuneración bruta superó los 3,9 millones de pesos, el monto finalmente depositado en su cuenta fue de $0,01.
Para la Cámara, esa reducción progresiva del ingreso impedía garantizar condiciones mínimas de vida para el trabajador y su grupo familiar.
Como medida cautelar, el tribunal ordenó que las retenciones por este tipo de obligaciones no superen el 33% del salario, una vez descontadas las retenciones obligatorias.
Además, dispuso que la Jefatura de Policía controle que no se apliquen descuentos por encima de ese límite mientras dure la medida.
Los magistrados recordaron que, aunque no existe una norma específica para empleados públicos provinciales, la propia jurisprudencia considera razonable ese porcentaje para proteger el derecho al salario.
La resolución no pone fin al conflicto. El fallo, que aún no está firme y puede ser apelado, tendrá vigencia durante diez días.
En ese lapso, el comisario deberá iniciar una demanda contra las entidades crediticias responsables de las retenciones para que la Justicia resuelva de manera definitiva cómo deberán aplicarse los descuentos sobre su sueldo.