Gilberto Montanaro reconoció su responsabilidad en la causa Techo Digno. Aceptó prisión condicional e inhabilitación perpetua.
En un giro clave dentro del caso Techo Digno, el ex intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, admitió su responsabilidad penal por los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso.
Lo hizo en el marco de un acuerdo abreviado pleno, mediante el cual aceptó una condena de tres años de prisión condicional.
Además de la pena en suspenso, la fiscalía pidió y el acusado aceptó una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
También deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas presentaciones periódicas, mantener domicilio fijado y no cometer nuevos delitos.
La resolución final será comunicada por el juez el próximo jueves 30 de abril a las 12:30.
El expediente judicial comenzó hace nueve años y está vinculado al manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas en Cervantes.
Durante la audiencia, la defensa explicó que Montanaro, hoy de 75 años, decidió cerrar el proceso judicial luego de años de desgaste personal y ante la posibilidad de una causa aún más extensa.
"En este sentido la situación de Montanaro ha sido la que más ha complicado este caso en particular. Además el ex intendente tiene 75 años, esta causa se inició hace 9 años atrás, cuando tenía 66. Como ya expresó realmente está cansado de este proceso y todo lo que implicaría continuar, que llevaría al menos 4 o 5 años más. Por eso se evaluó el riesgo del caso pero también darle un cierre definitivo", resaltó el defensor.
Según la acusación, el ex jefe comunal debía ejecutar un convenio firmado con Nación en 2014 para construir 135 viviendas e infraestructura mediante tres planes habitacionales.
El monto total de la operatoria equivalía en ese momento a más de 61 millones de pesos.
La fiscalía sostuvo que “con la entrega de certificación de obras falsas, el intendente indicaba a Nación el avance de la obra, que terminó significando un desembolso total y recibido por el erario municipal de $60.995.019,86, es decir que el municipio entonces recibió el 99,83 % del ACU 1922/2014”, detalló el Ministerio Público Fiscal.
“Todo esto significó que con las 135 viviendas que conformaban este ACU, se benefició indebidamente a las constructoras ya que se informaba un avance mayor al efectivamente realizado y por obras ajenas y por fuera del circuito regulado, violando la ley”, afirmó la fiscal.
Entre las pruebas reunidas figuran informes oficiales, licitaciones, facturas, pericias caligráficas, análisis técnicos y relevamientos con drones sobre las viviendas proyectadas.
Todo ese material fue presentado durante una extensa audiencia de casi tres horas.
La causa Techo Digno fue una de las investigaciones de corrupción pública más resonantes en la región.
Con el reconocimiento de responsabilidad del ex intendente, el expediente entra ahora en una etapa decisiva.