La iniciativa busca exigir transparencia y garantizar que los votantes no sean víctimas de engaños. Propone que cada contenido creado con IA tenga una etiqueta clara.
Un proyecto de ley presentado ante la Legislatura de Río Negro busca regular los contenidos de las campañas políticas creados con inteligencia artificial y garantizar la veracidad de las referencias con el control de la incorporación de noticias falsas o “fake news”. Una iniciativa que apunta a evitar el uso abusivo de Inteligencia Artificial y garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de engaños durante las campañas políticas.
La propuesta fue impulsada por César Domínguez del bloque Primero Río Negro, el legislador explicó que el acelerado avance de la tecnología y la creación de la inteligencia artificial modificó las formas de hacer política. La expansión e incorporación del Chat GPT, Gemini y otras aplicaciones digitales permiten la creación de imágenes, audios, videos y encuestas totalmente falsas pero que tienen apariencia real.
La falta de distinción entre una información real y una creada por inteligencia artificial, provoca una confusión entre los votantes, que no podrán distinguir entre una referencia, episodio, antecedente o información verdadero de una situación creada digitalmente. En ese sentido, el proyecto busca la modificación de la Ley N°2431 del Código Electoral provincial para proteger la integridad del proceso democrático.
“Evitar su uso abusivo y garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de engaños deliberados a la hora de emitir su voto”, indicó Domínguez.
El eje central del proyecto es la exigencia de transparencia. Es decir, el proyecto ordena que cada contenido electoral ya sea una producción audiovisual, sonora o gráfica generada o alterada sustancialmente con inteligencia artificial deberá llevar una etiqueta.
La norma exige incluir de forma visible o audible la advertencia: “Este contenido ha sido creado y/o modificado con inteligencia artificial”.
En ese sentido, el proyecto prohíbe terminantemente la “suplantación electoral sintética”. Esto significa que no se podrán crear deepfakes, conocidas como simulaciones verosímiles para atribuir declaraciones, renuncias, apoyos o conductas inexistentes a candidatos, partidos o autoridades electorales con el fin de manipular al electorado.
También se prohíbe el uso de “bots” no identificados para simular apoyo popular y la segmentación de audiencias utilizando datos sensibles obtenidos sin consentimiento.
Para quienes incumplan la normativa, el proyecto prevé un régimen de sanciones que varía según la gravedad del hecho. Los infractores podrían enfrentar desde apercibimientos públicos e intimaciones, hasta multas económicas de entre cincuenta y mil jornales mínimos, e incluso la pérdida total o parcial de los aportes públicos de campaña.
Asimismo, se le otorga a la Justicia Electoral la potestad de ordenar a las plataformas digitales la eliminación rápida de contenidos engañosos maliciosos en un plazo no mayor a 48 horas desde su reporte.
El proyecto hace un fuerte hincapié en que esta regulación no debe convertirse en un instrumento de censura estatal. La normativa exceptúa explícitamente de estas obligaciones y sanciones a los contenidos manifiestamente humorísticos, satíricos, caricaturescos o paródicos. Del mismo modo, el trabajo periodístico y la investigación ciudadana quedan protegidos, asegurando que el Estado no intervendrá para disciplinar discursos políticos o establecer una “verdad oficial”.