La iniciativa establece medidas preventivas por hasta seis meses y contempla desde la clausura de accesos hasta la remoción de instalaciones ligadas al microtráfico.
Los inmuebles abandonados o utilizados como búnkeres, aguantaderos y puntos vinculados al microtráfico podrían ser intervenidos de manera preventiva por el Estado provincial. Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone crear un régimen específico para actuar ante estas situaciones.
La iniciativa contempla medidas administrativas por períodos de hasta seis meses y establece una serie de pasos antes de avanzar sobre una propiedad. Entre ellos aparecen la notificación al titular, informes técnicos y la posibilidad de presentar recursos administrativos contra las decisiones adoptadas.
El proyecto fue presentado por los legisladores María Laura Frei y Juan Martin, ambos del PRO. El objetivo, según plantearon en los fundamentos, es sumar una herramienta territorial que permita complementar las políticas provinciales de seguridad y prevención del delito.
Los autores consideran que determinados inmuebles pueden convertirse en “soportes materiales de la inseguridad”, especialmente cuando el abandono, deterioro o utilización irregular genera condiciones que facilitan la reiteración de actividades delictivas y afectan directamente la tranquilidad de los vecinos.
El régimen propuesto no establece que cualquier propiedad abandonada pueda quedar automáticamente bajo intervención estatal. El texto aclara expresamente que el abandono del inmueble, por sí solo, no constituye una condición suficiente para avanzar con alguna de las medidas previstas.
El proyecto alcanza específicamente a propiedades abandonadas o en desuso cuyo estado de deterioro favorezca la comisión de delitos. También incorpora aquellos lugares utilizados como guaridas, refugios, sitios de acopio o espacios destinados a la comercialización de sustancias estupefacientes.
Para avanzar, deberá existir un riesgo cierto, concreto y actual. Este criterio, explicaron los legisladores en los fundamentos de la iniciativa, fue tomado de experiencias similares implementadas en las provincias de Córdoba y Mendoza, utilizadas como antecedentes para elaborar la propuesta rionegrina.
Otro de los puntos centrales es el carácter gradual de las medidas. La intervención deberá adecuarse a cada situación y respetar un criterio de proporcionalidad, con el propósito de evitar decisiones que excedan las necesidades concretas detectadas durante el procedimiento administrativo.
La Secretaría de Narcocriminalidad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, sería la autoridad de aplicación del nuevo régimen. El organismo quedaría encargado de impulsar y desarrollar los procedimientos establecidos por la normativa en caso de ser sancionada.
El trámite comenzaría mediante un acta de constatación sobre las condiciones del inmueble y posteriormente podría dictarse una resolución precautoria. Desde ese momento, el propietario tendrá la posibilidad de presentarse dentro de un plazo de tres días hábiles para intervenir en el procedimiento.
Entre las herramientas previstas aparece inicialmente la intimación al responsable para que adopte las medidas necesarias. También podrán disponerse el tapiado o clausura provisoria de los accesos y, cuando resulte necesario, la implementación de una custodia perimetral sobre la propiedad.
La remoción o demolición de instalaciones vinculadas específicamente al microtráfico aparece como una instancia excepcional. De acuerdo con el proyecto, únicamente podrá recurrirse a esa alternativa cuando las restantes herramientas administrativas disponibles resulten insuficientes para neutralizar el riesgo detectado.
Las medidas podrán mantenerse durante un período máximo de seis meses y tendrán la posibilidad de ser prorrogadas una sola vez. De esta manera, la iniciativa busca establecer límites temporales concretos para las intervenciones que disponga la administración provincial.
Uno de los aspectos destacados por los autores es que la aplicación del régimen no implica que el Estado provincial pase a ser propietario del inmueble intervenido. “No transfiere la propiedad al Estado”, remarcaron Frei y Martin al explicar los alcances.
Incluso sostienen que el mecanismo puede transformarse en una herramienta de protección para propietarios cuyos inmuebles hayan sido ocupados o utilizados ilegítimamente por terceros para actividades delictivas, siempre dentro de los límites y procedimientos contemplados por la futura normativa.
El proyecto también establece una diferenciación para situaciones más complejas. Cuando exista una ocupación efectiva de la propiedad o se detecte un conflicto relacionado con derechos sobre el inmueble, el expediente deberá salir del ámbito administrativo y ser derivado a la Justicia.
La iniciativa contempla además la creación de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, donde deberán quedar asentadas las actuaciones realizadas bajo el nuevo régimen. También invita a municipios y comisiones de fomento de Río Negro a adherir al sistema.