Río Negro fue a la Justicia Federal y demandó a Nación por el abandono de la Ruta 151
El estado provincial con intendente, Defensoría del Pueblo y entidades empresarias elevaron un amparo para que se ordene su reparación. Es un intento más para lograr el reacondicionamiento.
El gobierno provincial con el acompañamiento de intendentes, Defensoría del Pueblo y entidades empresarias reclamaron en la Justicia Federal por el mal estado de la Ruta 151.
Un nuevo reclamo por el terrible deterioro que presenta el pavimento de la Ruta Nacional 151, donde se ha registrado graves incidentes viales con víctimas fatales. se impulsó desde Río Negro.
En este caso el gobierno provincial, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales elevaron una acción de amparo colectivo en la Justicia Federal contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deplorable estado de esa ruta.
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La presentación, que había sido anticipada semanas atrás por el gobernador Alberto Weretilneck, busca “proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional”.
Fuentes provinciales destacaron que el Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de once días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de cinco días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El escrito reclama a la Justicia que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
Desvío de fondos
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un "estado calamitoso".
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
Esta demanda, se destacó oficialmente, "representa un paso firme del Gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras".
A su vez, podría "constituir un precedente judicial que abra la puerta a que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central".
La presentación fue realizada por el Estado rionegrino, representado por el gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
Emergencia vial y plata de la corrupción
Desde el peronismo también se había planteado una queja por el deterioro que muestra la Ruta Nacional 151 en Río negro. Lo hizo el legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, quien presentó un proyecto un proyecto de Comunicación dirigido al Congreso Nacional para que se declare la Emergencia Vial de la traza en toda su extensión por territorio rionegrino.
El dirigente sostuvo entre los fundamentos que el trayecto de 150 kilómetros, que atraviesa Cinco Saltos, Barda del Medio, Campo Grande y Catriel y es utilizada no solo por la población sino por la actividad hidrocarburífera, presenta graves deterioros.
Mencionó en este sentido un informe técnico realizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Rio Negro, que describe las deformaciones del asfalto como “hundimiento”, “ahuellamiento”, “fisuras en el bloque”, “piel de cocodrilo”, “descascaramiento”, “parches” y “pérdidas de capas estructurales”.
Otra iniciativa al respecto la propuso César Domínguez, legislador del bloque Primero Río Negro, autor de un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional en el que pide que los recursos recuperados provenientes de causas judiciales vinculadas a hechos de corrupción en la obra pública tengan ese destino, en especial la finalización y arreglos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
“Durante años, muchos sectores políticos guardaron un silencio cómplice frente a la paralización de las obras en rutas nacionales en Rio Negro. Hoy algunos de ellos vienen a preocuparse por la culminación de estas obras que llevan décadas sin terminarse”, expresó entre los fundamentos.
Domínguez planteó una "solución concreta": que “los fondos recuperados por la Justicia, en las causas de corrupción de la obra pública como el caso de Vialidad, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros funcionarios, se destinen directamente a la finalización de las rutas nacionales 22, 23 y 151”.
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